KLAREM VALOYES GUTIÉRREZ
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Las masacres de los últimos días en Colombia, que se cobraron 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc que pone a la población más vulnerable en permanente estado de indefensión.
Las víctimas de las recientes matanzas en Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes, que históricamente están entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó con el acuerdo de paz con las Farc, firmado en noviembre del 2016.
Tres miembros de la comunidad Awá fueron asesinados hace una semana en zona rural de Ricaurte (Nariño) y, según afirmaron ayer, entre los seis muertos del sábado en la matanza de la vereda La Guayacana, que hace parte de Tumaco, en el mismo departamento, hay otra persona de ese grupo étnico.
Volver al pasado
El país no vivía un horror parecido hace años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las Farc trajo una esperanza, en zonas abandonadas por el Estado los enfrentamientos entre grupos armados hicieron imposible la reconciliación.
Esa imposibilidad de dominar territorios estratégicos para actividades como el narcotráfico o la minería ilegal ha hecho que los grupos armados se ensañen con la población civil con la excusa de que son bases sociales de otros organizaciones criminales.
Mientras algunas zonas del país se desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la administración del presidente, Iván Duque, para cumplir su promesa de llevar seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto.
Hay quienes critican a Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor en momentos tan convulsos.
El sábado, mientras viajaba a Cali, donde el 11 de agosto cinco jóvenes fueron masacrados, Duque publicó que entre 2019 y lo que va de este año en Colombia ocurrieron 34 "homicidios colectivos", cifra que no coincide con la de 33 masacres que hasta hace una semana había documentado la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. solo durante 2020.
El mandatario también comparó ese dato con las 189 masacres que, según sus datos, ocurrieron entre 2010 y 2018, periodo de su antecesor, Juan Manuel Santos, y dijo que los "muertos que deja la violencia" son "producto del narcotráfico y el terrorismo".
"Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla", cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El presidente también visitó el sábado Samaniego (Nariño) donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos universitarios, fueron masacrados en una casa rural.
Duque dijo en esa comunidad, horrorizada todavía por la matanza, que revisaría con las autoridades locales proyectos como el arreglo de un estadio de fútbol y la construcción de un centro de salud.
Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, proyectos de infraestructura no son suficientes en regiones como el Catatumbo donde la situación ya "se salió de madre".
"Como el Gobierno insiste en que el problema de seguridad obedece a un plan B de las Farc y a una conspiración santista, no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen muy grande", concluyó.
El incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz es de las raíces del problema que hoy vive el país, pero para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, "aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la situación ya es irreversible en algunas zonas".
"¿Es culpa de la falta de implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué pasa", agregó.
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