Medida cautelar para cinco cementerios de Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

Los cementerios Nuestra Señora del Carmen, en Norcasia; San Agustín y San Diego, en Samaná; y San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria; serán objeto de una medida cautelar ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Así las cosas prohíbe las exhumaciones y las inhumaciones en 45 puntos de interés forense en esos sitios, donde podrían estar los restos de cientos de víctimas de desaparición forzada en Caldas.

Se da por las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el 14 de septiembre de 2018, para el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del país en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.

La JEP habría determinado, tras una investigación, una indebida administración de los cementerios. Esta situación ha permitido que se desentierren cuerpos, sin orden judicial, pese a que están sin identificar.

“El abandono y negligencia institucional ha incidido en que el rastro de muchos desaparecidos haya desaparecido de nuevo, constituyendo actos de revictimización y una negación de las garantías de no repetición para los familiares de las víctimas”, advirtieron los magistrados de la Sección.

Medidas

La magistrada de la JEP Reinere de los Ángeles Jaramillo dijo que se ordenó a los alcaldes de los tres municipios caldenses que construyan una base de datos con las muestras de ADN de los familiares de las víctimas en primer grado de consanguinidad. Esta labor se llevará a cabo en coordinación con la JEP, Medicina Legal, la Fiscalía General y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la información recolectada, el Magdalena medio caldense es la región más afectada del departamento por la desaparición forzada. Se cuentan al menos 1.028 casos reportados en La Dorada, 119 en Norcasia, 551 en Samaná y 129 en Victoria, según el Registro Único de Víctimas.