Iván Velásquez, ministro de Defensa, aclara que se evitarán las confrontaciones, pero seguirá el control territorial por parte del Ejército.

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Iván Velásquez, ministro de Defensa, aclara que se evitarán las confrontaciones, pero seguirá el control territorial por parte del Ejército.

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EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Iván Velásquez, ministro de Defensa, explicó ayer que durante el cese el fuego con el Estado Mayor Central de las Farc, principal disidencia de la antigua guerrilla, las fuerzas militares evitarán las confrontaciones pero no tolerarán las acciones ilegales de este grupo y actuarán cuando convenga.
"Se suspenden las operaciones ofensivas, es decir, acciones que van dirigidas a la confrontación armada, pero no se suspenden las actividades propias de la fuerza pública en la represión de actividades delictivas", señaló el ministro a periodistas.
Agregó: "Esto significa que ni el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el desplazamiento, las muertes, el confinamiento, ninguna de estas acciones pueden ser toleradas por la fuerza pública y están con la instrucción dada (...) de que tienen que continuar cumpliendo con su obligación constitucional en defensa de los territorios, la población, y en la represión de las actividades delictivas".
Justamente, el Gobierno anunció el miércoles que pactó con este grupo un protocolo para el cese al fuego del que informaron que no limita las obligaciones que tiene el Ejército de "seguridad y defensa nacional" y prohíbe los patrullajes por parte de disidencias.
Este protocolo, que solo se conoce por un comunicado del Ministerio de Defensa y el Alto Comisionado de Paz, "prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil".
Y también incluye un "Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos".
Este mecanismo de veeduría incluye al Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a miembros internacionales y tendrá apoyo de la sociedad civil y la Iglesia católica.