Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.

Foto | Tomada de la Gobernación del Tolima | LA PATRIA

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.

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El Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Chaparral ordenó el arresto por dos días y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y su secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, por incumplir una orden judicial emitida a raíz de una acción de tutela.

La tutela fue presentada por Diana Magaly Muñiz, docente vinculada a la Institución Educativa Risaralda, quien solicitó su reubicación al casco urbano para garantizar el derecho a la salud y educación de sus dos hijas menores.

Muñiz fue asignada a zona rural tras ganar un concurso dirigido a plazas del posconflicto, con la obligación de permanecer allí durante diez años. No obstante, alegó condiciones adversas que vulneraban los derechos fundamentales de su núcleo familiar.

El juzgado falló a favor de la profesora y ordenó su reubicación. No obstante, según el juez, la Gobernación y su Secretaría de Educación desacataron la orden, lo que motivó la decisión del pasado 12 de mayo.

En un comunicado oficial, el secretario de Educación rechazó el señalamiento de desacato y afirmó que la orden sí se acató. Explicó que a la docente se le asignó una sede más cercana al casco urbano, con mejor acceso a servicios de salud.

Según Bedoya, "se hizo más de lo que fue ordenado", y posteriormente se autorizó un traslado excepcional al área urbana de Chaparral, pese a que el concurso exigía permanencia en zonas rurales. "Esta situación fue atendida con el ánimo de cumplir con los derechos de la docente y sus hijas", argumentó.

 

En espera de la resolución oficial

La Secretaría de Educación está a la espera de la resolución oficial que notifique el nuevo lugar de trabajo de la docente, que sería la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario. Según el comunicado, el traslado será acatado aunque aún no se haya recibido notificación formal.

Este caso pone nuevamente en discusión la tensión entre la estabilidad en cargos públicos obtenidos por mérito y los derechos familiares y sociales de los docentes, especialmente en contextos de ruralidad.

 


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