Piden al Gobierno garantías políticas para exmiembros de las Farc

EFE | LA PATRIA

La Secretaría Técnica de la Verificación Internacional del acuerdo de paz manifestó su preocupación porque persiste el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc, razón por cual pidió a las autoridades brindar garantías para su participación política.

La Secretaría señaló que en su sexto informe hace un especial énfasis en las garantías de seguridad para la actividad política y "la problemática de asesinatos de líderes sociales y excombatientes que persiste en forma preocupante".

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), que conforman ese organismo, resaltaron que en el periodo analizado se registró un aumento del asesinato de desmovilizados.

Según el documento, entre los pasados 1 de febrero y 30 de abril se presentó un incremento del 75 % en la muerte de exguerrilleros, al pasar de cuatro a siete homicidios.

El principal riesgo para esa población es la presencia de grupos armados cerca de los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR), donde hacen su tránsito a la vida civil.

De igual forma, la Secretaría mencionó que "persisten índices elevados de violencia política" pese a que se logró una disminución del número de víctimas durante los primeros cuatro meses del año.

"CERAC (...) registró una reducción del 22 % en los casos de violencia política entre enero y abril de 2019 frente a las cifras registradas durante el mismo periodo de 2018. CERAC registró un aumento del 86 % en mayo de 2019 con respecto a abril de 2019", desgrana el texto.

El documento hace parte del compromiso de la Secretaría de presentar cada trimestre un informe a los verificadores internacionales, los expresidentes del Gobierno de España Felipe González y de Uruguay José Mujica, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, y al Fondo Multidonante de la ONU para el Sostenimiento de la Paz.

El partido FARC, en el que se convirtió la antigua guerrilla, ha ubicado en al menos 135 la cifra de excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016, periodo en el que también murieron 31 de sus familiares.

El caso más polémico ha sido el de Dimar Torres, quien fue asesinado en una zona rural del municipio de Convención, Norte de Santander, por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue detenido.

En su informe, la Secretaría también contraviene a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que durante 2018 se redujeron en un 45 % los homicidios contra líderes sociales, al pasar de 64 a 48 casos.

No obstante, las organizaciones citan estudios de diversas fuentes como Fundación Ideas Para la Paz, que afirma que en 2018 se cometieron 127 homicidios, mientras que Somos Defensores los cifra en 155.

Además, la Misión de Observación Electoral señala que son 199 los líderes asesinados, la Defensoría del Pueblo registró 172 y la Fiscalía 86.

Ante este panorama, la Secretaría urgió para que se ponga en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, pues considera que "sigue siendo un asunto pendiente".

De igual forma, pide al Gobierno que se agilice el estudio de las solicitudes de protección, diseñe una política pública de prevención y protección, y "reconozca marcos normativos vigentes derivados del acuerdo final" para que se brinden mayores garantías.