Aunque la denuncia del secuestro no señala el grupo armado que lo perpetró, los medios locales en Arauca se lo atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Foto | Archivo | LA PATRIA

Aunque la denuncia del secuestro no señala el grupo armado que lo perpetró, los medios locales en Arauca se lo atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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EFE | LA PATRIA | Bogotá

Organizaciones de derechos humanos locales denunciaron este martes (23 de julio) el secuestro de 17 personas, entre ellas cuatro menores de edad, y el desplazamiento de casi 150 habitantes de varias zonas rurales de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela.

Las personerías de Tame y Puerto Rondón, los municipios a los que pertenecen estas veredas, reportaron que ocurrió "una situación humanitaria" que provocó el desplazamiento de 60 personas al casco urbano de Puerto Rondón y de 17 a Tame, y un desplazamiento entre veredas de otros 70 vecinos.

Además, "un grupo armado se habría llevado" a un total de 17 personas, entre las que se encuentran una niña de 10 años, uno de 7, uno de 5 y otra menor de edad.

"Pedimos el respeto por la vida de estas personas, entre las cuales hay menores de edad, solicitamos a los organismos de cooperación internacional y al Gobierno nacional establecer un canal de comunicación con el actor armado que los tiene retenidos con el fin de lograr su liberación sanos y salvos", apuntaron las personerías.

Aunque no señalan a ninguno de los actores que hay en el territorio, medios locales lo atribuyeron a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln), que tiene en Arauca su bastión.

La poca presencia estatal ha hecho que el Eln, que tiene en vigor un cese al fuego bilateral con el Gobierno pero no con otros grupos, se enfrente Arauca con disidencias de las Farc y bandas de narcotraficantes que buscan dominar la zona para sacar provecho de sus actividades ilícitas, que van desde el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de combustibles hasta trata de personas, entre otras.

En mayo, la Defensoría del Pueblo denunció que más de 600 personas protegidas han sido asesinadas en poco menos de dos años en este departamento petrolero, en crímenes cometidos por los grupos armados, y solo en 2024 ha habido al menos 60 homicidios. 

 


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