Un año para definir qué casos irán a justicia penal militar

La reforma al fuero penal militar fue radicada este jueves en el Congreso de la República. Antes de ir a su último debate fue incluida una disposición para que en un plazo de un año se definan qué procesos, que involucren uniformados, deben ser acogidos por la justicia ordinaria y cuáles por la penal militar.

Según la nueva determinación transitoria, “la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. Así mismo, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria”.

Esta disposición se da luego de la avalancha de críticas hechas a este acto legislativo, entre otros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, porque consideran que hay un riesgo de impunidad en casos como los llamados falsos positivos.

La suerte de una de las principales reformas planteadas por el Gobierno Nacional está echada y solo falta que en la plenaria del Senado, que fue citada para el próximo lunes, se le dé luz verde. Luego pasará a conciliación entre esa corporación y la Cámara de Representantes.

La semana anterior, en su séptimo debate, la reforma al fuero fue modificada con la prohibición de que queden entre los delitos que serán parte de la Justicia Penal Militar, los relacionados con la desaparición forzada o conocida como falsos positivos, el desplazamiento forzoso, las violaciones sexuales y la tortura. A esa lista se suman los que venían aprobados de Cámara: lesa humanidad, genocidio y desaparición forzosa.

El pasado lunes en una carta enviada a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respondió a las observaciones que esa ONG le hizo al proyecto de acto legislativo. Uno a uno, el Ministro de Defensa abordó los cuestionamientos de HRW, pero también exhortó a esa organización a “reconocer el temple democrático, participativo y transparente de esta propuesta”.

Entre otros temas, Pinzón se refirió a la inseguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que, según él, “no es un mito”, sino una realidad. Además recordó que, a la fecha, “en ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”.

“Así las cosas, queda claro que las posiciones jurídicas consignadas en las ponencias y textos aprobados por el Senado y Cámara son resultado de una viva y sostenida deliberación, connatural a un proceso abierto y democrático, ajeno a cualquier imposición o arbitrariedad”, señaló el titular de la cartera de Defensa.