Sindéresis con las familias del oriente
Señor director:

Sentimientos encontrados (enfado, compasión, tristeza…) son los que inundan la mente del lector al conocer las noticias publicadas por La Patria el sábado 23 de marzo encabezadas con el titular: “En el oriente caldense crucificados por siembra de coca”. A unas 33 familias de Pensilvania y Samaná les notificaron que debían, con plazo hasta el 22 del presente mes, remitir a la SAE una propuesta de legalización, aunque la entidad se reserva el derecho de legalizar su permanencia en los predios, con la suscripción de un contrato de arrendamiento, o, por el contrario, hacer entrega de sus fincas, so pena de iniciar el proceso de desalojo.
Insisten las autoridades en aplicarles extinción de dominio a esas propiedades, por cuanto sus dueños por allá en el año 2004, hace ya 20 años, colaboraron con los guerrilleros y los paramilitares. En abril de 2016 representantes de La Patria viajaron a la región para escuchar a los campesinos y los procesos se frenaron, por lo cual ellos descansaron, pero ahora se revive su angustia y desespero, pues si los expropian no saben qué hacer ni dónde ir con sus familias. Sindéresis, mucha sindéresis, se requiere para emitir un fallo justo. Necesaria es la empatía, esa cualidad que conocemos como “ponerse en la piel del otro” para comprender la situación de un campesino honesto, como son la generalidad de los habitantes de los campos de Pensilvania y Samaná, a quien se le coloca el cañón de un fusil o de una pistola para obligarlo a cumplir una orden de cualquier grupo ilegal armado bajo la amenaza de obedecer, morir o abandonar su terruño.
¿Dónde quedan los principios fundamentales consagrados en la Constitución sobre protección a la familia, al trabajo, a la igualdad, etc.? ¿Dónde la justificación del hecho consagrado por el art. 29 del Código Penal en su numeral 5°: “Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente…”, o la causal de inculpabilidad del numeral 2° del artículo 40 de la misma normatividad: “Quien obre bajo insuperable coacción ajena”? Una cosa es proferir resoluciones desde la cómoda silla de un escritorio y otra muy distinta verse acorralado por uno o varios grupos de asesinos que como “Karina” o el mismo “Veterino” y sus secuaces sembraban el pánico en apartados territorios donde los ciudadanos se encontraban abandonados por el Estado, obligado a protegerlos. Esos campesinos no eran delincuentes, sino víctimas de la violencia ejercida por aquellos siniestros asaltantes que a sangre y fuego se tomaban campos y poblados y cuya sola evocación causa espanto. Por ello, resulta desconcertante que mientras el Gobierno adquiere tierras para darles a los campesinos que no la poseen, lo que es justo, al mismo tiempo se trate de despojar de sus pequeñas parcelas a quienes las han conseguido con sangre y sudor a través de muchos años, sin considerar que si ellos tuvieron que plegarse a la voluntad de los violentos lo hicieron por la necesidad de proteger sus derechos y, en todo caso, obrando por insuperable coacción ajena, circunstancias que los exonera de toda responsabilidad, por lo que no podría el Estado expropiarles sus inmuebles sin cometer la más grande arbitrariedad. Es de esperar que alguna autoridad intervenga para que a esos honrados compatriotas se les haga justicia.
Manuel Galindo A.

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