Colombia: Un país en transición hacia el Estado regional

Señor director:
En el debate sobre descentralización y organización territorial, Colombia se encuentra en la urgencia de su evolución hacia un modelo más regional que podría redefinir su estructura política y administrativa. Este movimiento está impulsado por esfuerzos como el Voto Caribe, propuesta liderada por Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico y exconstituyente, que busca consolidar un cambio hacia un Estado regional, hacia el cual se han dado desarrollos como la Ley 1454 del 2011 y la Ley 1962 del 2019. La primera, abrió la puerta a la creación de Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y su eventual transformación en entidades territoriales (RET), etapa a la que pueden aspirar ya varias RAP constituidas hace más de cinco años.
La autonomía de las entidades territoriales no ha pasado de ser una entelequia. El debate sobre el Estado regional plantea una comparación con modelos como el autonómico español, en el que las comunidades autónomas tienen potestades legislativas significativas. Sin embargo, la estructura unitaria colombiana limita este alcance, reservando el monopolio legislativo al Congreso.
La propuesta del Voto Caribe, en su segundo y definitivo intento, surge como respuesta al desafío centralista en el 2010, que aunque obtuvo dos millones y medio de votos, careció de efectos jurídicos vinculantes, alegando la no existencia de un marco legal para tal acto.
Con miras al 2026, el objetivo es consolidar un referendo basado en los principios del artículo 307 de la Constitución, desarrollado parcialmente por la Ley 1962 del 2019. Una transformación legal y política que permita a las regiones tener un impacto directo sobre su territorio, dejando de ser testigos mudos del desastre centralista que ha mostrado su enorme incompetencia en resolver los verdaderos problemas nacionales,
Si la descentralización se entiende, según la Corte Constitucional, como “la facultad que se le atribuye a determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas autónomamente”, será el grado de autonomía que se otorgue constitucionalmente el que determinará si las RET seguirán siendo una entidad subordinada a la burocracia central, lejana por demás a las necesidades de la periferia, o serán el verdadero camino a un Estado regional autonómico con capacidad de decidir su propio destino.
Iniciativas alineadas con este sentir nacional están la aprobación del acto legislativo 03/2024 que reforma el Sistema General de Participación (SGP) y el referendo promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que busca que los impuestos de renta y patrimonio sean propiedad de los departamentos y no de la Nación.
La mejor de las suertes al referendo de la región Caribe, que busca romper las cadenas de 200 años de centralismo absurdo, ineficaz y corrupto.
Luis Rubiel Alzate Usma