Deudas pendientes de la reforma laboral
Recientemente fue sancionada como ley de la República la reforma laboral, que atravesó por una alta polémica, con pros y contras, por diversos estamentos de la sociedad colombiana. Si bien es loable la reivindicación de los derechos laborales que se habían perdido, en gran parte, a partir de la paradójica contrarreforma laboral del 2002, vale la pena considerar algunos aspectos paralelos.
La reducción de la jornada laboral a 44 horas semanales, a partir de este mes de julio, y progresivamente a 42 horas, que quizás busca un sano equilibrio entre vida laboral y personal, pero será un momento para demostrar que la productividad no debe estar ligada a las horas laboradas, más bien a resultados, logro de objetivos y aproximándonos a las jornadas laborales semanales alrededor de las 40 horas de potencias mundiales como Estados Unidos, Alemania, Japón y España, que ostentan, sin duda, condiciones socioeconómicas muy distintas a las nuestras.
Sin embargo, continúa sin saldarse una deuda histórica: La dichosa “formalización laboral” que, recordemos, sigue siendo un problema significativo en el 2025. La tasa de informalidad se mantuvo
en 56,8% en el trimestre febrero-abril, según el DANE. Significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos trabajan en la informalidad, sin acceso a beneficios laborales ni seguridad social. La tasa de informalidad laboral en Colombia ha aumentado en los últimos meses, alcanzando
niveles similares a los observados durante la pandemia. Dicha tendencia es evidenciada, entre otras cosas, con una mayor ocupación del espacio público a través de las ventas informales. Es decir, en Colombia hay 23.7 millones de trabajadores, de los cuales 13.4 millones están en la informalidad. En otras palabras, de cada 10 empleos, 6 son informales.
No puede desconocerse que la reforma laboral y, de manera preocupante, no realiza una diferenciación entre el tamaño de las empresas. Cobija, sin importar esta condición, a todo tipo de empresas, sin olvidar que hay aproximadamente 1.74 millones de empresas activas, de las cuales más del 99% son micro, pequeñas y medianas (Mipymes), que generan el 79% del empleo y contribuyen con cerca del 40% del PIB anual.
Esas Mipymes, que son el esfuerzo del diseñador gráfico que decidió independizarse, la visión de la
repostera que transformó su receta familiar en un emprendimiento o la familia que le apostó a montar una distribuidora, ahora se preguntan: ¿quién podrá defendernos? Mientras tanto, contratistas del Estado (de los cuales 2.5 millones de personas trabajan con un contrato por prestación de servicios en el sector público) estarán expectantes porque se privilegie el contrato a término indefinido y se salde también su deuda.
Juan Felipe Orjuela Álvarez