Justicia politizada para Álvaro Uribe
La mayoría de los colombianos en el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez vimos que primó una justicia politizada y no se practicó lo que en el argot jurídico se llama auténtica política de justicia, con imparcialidad, independencia y objetividad. No dudamos en calificar de infausto e inmerecido el fallo de culpable por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en contra del exmandatario colombiano, emitido en sentencia de la juez Sandra Liliana Heredia Aranda.
En el llamado “juicio del siglo”, por su duración de más de 13 años y debido a que por primera vez un expresidente llega a los estrados judiciales, se demostró en forma fehaciente que a Álvaro Uribe Vélez no le fallaron en derecho; la juez no valoró las declaraciones de la mayoría de los testigos a favor del expresidente y mucho menos las contradicciones en que incurrieron los testigos Juan Guillermo Monsalve Arias y Carlos Enrique Vélez Ramírez, quienes son elementos con antecedentes penales.
En el transcurso del prolongado juicio sí quedó demostrado que al curtido político Álvaro Uribe Vélez lo que le interesa, en forma prioritaria, es el bien del país y, por lo mismo, desde antes de conocer la decisión aseguró que no la aprovechará para motivar a sus seguidores a realizar marchas, manifestaciones, huelgas y mucho menos actos de protesta.
Es lamentable que las gestiones de Álvaro Uribe Velez, durante sus dos periodos presidenciales, que bien han sido comentadas por las principales plataformas de redes sociales, columnistas, periodistas y ciudadanos corrientes en Colombia y en el exterior, hayan quedado en el olvido por una justicia politizada y donde no primó la imparcialidad, mucho menos la independencia y objetividad o una auténtica política de justicia.
El Gobierno uribista, contrario a lo que se percibe en la Administración de Gustavo Petro, entre otros logros implementó políticas para fortalecer la seguridad y combatir el conflicto armado con las guerrillas. Además sus principales logros se centraron en la reducción de la tasa de homicidios y secuestros, así como en la recuperación de territorios controlados por grupos armados ilegales. También, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se impulsaron reformas económicas que promovieron la inversión extranjera y el crecimiento económico.
El caso podría pasar a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá y eventualmente, para casación, en la Corte Suprema de Justicia.
Jorge Enrique Giraldo