Ya es hora de dejar la bobada y comenzar a llamar las cosas por su nombre. Dejar el temor a mencionarlo, dejar de decirle “el innombrable”, “el ubérrimo”, “el viejo”, “el mesías de bronce”, “el presidente eterno” o “el gran colombiano”.
Pero nos da miedo. Llevamos casi 20 años con el cuento de que es un todopoderoso que “brilla cuando le da el Sol”, como lo aduló la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Un ser que, como los antiguos dioses prebíblicos, tiene mano firme y corazón grande. Incluso oficios que para muchos pueden ser mundanos y de descastados - como ser palafrenero o arriero de bestias -, en él son vistos como grandes virtudes de un superhumano. Una deidad en Crocs.
Ese trato, ese temor, esa falsa magnanimidad, es el que nos impide que se la trate como es: un político tóxico y corruptor. Esta es la hora que no se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que lo requiere desde hace un año - ¡UN AÑO! - para que rinda indagatoria por la investigación que se le lleva por la manipulación de testigos. Un proceso que se suma a las 186 denuncias que tiene abiertas en la Comisión de Acusaciones y a las 28 investigaciones en su contra que están en la Sala Penal de la Corte.
Sin embargo, este personaje continúa recibiendo un sueldo de 32 millones 74 mil 755 pesos mensuales por ser congresista. Tiene un esquema de seguridad de unos 65 escoltas y doce carros blindados, todos pagados con nuestros impuestos. Y, desde su curul en el Senado, pretende que se apruebe la ley de doble instancia retroactiva para aforados (mal llamada Ley Arias) con la que pretenden salvarle el culo al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años y cuatro meses de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.
Una abominación legal que busca intimidar y justificar la incompetencia de los entes investigadores, y con la que se abre la puerta a que se revivan casos de hasta 1976 (justo lo que necesita ese sistema judicial saturado). Sobre todo se beneficiarían los parapolíticos que ayudaron a su elección y reelección a la presidencia de Colombia.
A pesar de ser una idea salida de la entraña de su partido, el Centro Democrático, “el innombrable” anunció el miércoles, en la emisora Blue Radio, que se abstendrá de firmar el proyecto de ley y no participará en los debates del Congreso. No lo hace por estar impedido, pues asegura que no lo está, sino porque sabe que esa aberración beneficia a asesinos como Álvaro García Romero (parapolítico condenado a 40 años por la masacre de Macayepo) o Jorge Noguera Cote (exdirector del DAS condenado a 25 años de prisión por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis). Su rúbrica, en ese documento, sería evidencia de que estuvo detrás de esa ley y, muy a su estilo, prefiere que caigan quienes lo rodean e hicieron su voluntad. Todos esos “buenos muchachos” suyos que terminaron encerrados.
Está más que demostrado que durante el gobierno se montó un aparato de propaganda y espionaje para desacreditar y atacar a la oposición. Una maquinaria para engrandecer la imagen del presidente y usar eufemismos para reducir el impacto de acciones macabras. Como decir “falsos positivos” a las ejecuciones extrajudiciales del Ejército o que “esos muchachos no estaban recogiendo café” cuando se refirió a los jóvenes de Soacha asesinados por soldados y hechos pasar por guerrilleros.
Entonces, como dice la filósofa española Celia Amorós: “quien tiene el poder es quien da nombres a las cosas (y a las personas)”. Dejemos de usar eufemismos y digamos las cosas por su nombre: Álvaro Uribe Vélez. Un ciudadano colombiano de 67 años con los mismos deberes y responsabilidades que usted y yo. Incluso más, al tener el cargo de senador, o sea, un representante elegido de manera democrática para representar a los ciudadanos. Y, además, fue presidente de Colombia.
No es intocable. No es el monstruo político que nos hacen creer y ya es hora de que responda por sus actos.
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