Elaborar un plan de ordenamiento territorial para una ciudad puede ser una de las dificultades más grandes que puede enfrentar una administración. El exalcalde Jorge Eduardo Rojas se pasó toda su administración estructurando un plan que modificara el aprobado en el año 2001 y cuando le llegó el momento de presentarlo a consideración del Concejo municipal ya era muy tarde y no logró su aprobación. Octavio Cardona logró que se lo aprobaran luego de muchas controversias y debates bastante álgidos por cierto.    
 El Plan de Ordenamiento Territorial –POT- establece entre otras el perímetro urbano del municipio, fija la zona industrial, las áreas comerciales, los barrios residenciales, donde se pueden establecer los sitios de esparcimiento público; es decir, define lo que se denomina el uso del suelo. En términos generales son muchas las regulaciones que debe establecer el POT, por lo que son muchos los intereses que se presentan para su aprobación.
 Uno de los puntos que ha tocado los últimos POT aprobados, ha sido el cobro de la plusvalía en Manizales. En el del 2017 el Concejo le ordenó a la Secretaría de Planeación que elaborara el estudio técnico que determinara, de acuerdo al avalúo, el valor que tenían que cancelar los propietarios de los inmuebles beneficiados y estableció que el municipio podría cobrar hasta el 50% del avalúo.
 La plusvalía consiste en un tributo que los propietarios de inmuebles deben pagar a las entidades públicas por los beneficios que obtienen por las intervenciones urbanísticas que se realicen. Sin lugar a dudas el tributo es coherente y sano. En el caso de Manizales, días antes de entregar su mandato el alcalde Cardona firmó el decreto de la liquidación de este tributo, en el que según el estudio aproximadamente 300 predios localizados en el municipio deben pagarlo.
 El problema se presenta porque los recaudos esperados por la administración, que se estiman en $200 mil millones, superan ampliamente la capacidad de pago de los propietarios afectados, especialmente si se tiene en cuenta los actúales momentos económicos que estamos viviendo.
 El cobro de esta contribución se convirtió en una verdadera papa caliente para la Alcaldía de Carlos Mario Marín. Los afectados consideran que el estudio de la liquidación del tributo estuvo mal realizado y que en la práctica saco del mercado la posibilidad de comercialización de los predios afectados.  Un ejemplo del cobro de este tributo se da en una finca localizada en La Cabaña de 53 cuadras a la que le fijaron que pagara $6 mil millones (es decir, de acuerdo a lo estipulado en el POT el beneficio total se estimó en $12 mil millones), finca cuyos propietarios podrían vender, yéndoles muy bien, en $2 mil millones.
 La única opción que tienen hasta el momento los propietarios para enfrentar el problema es la de notificarse de la liquidación y demandarla -son más de 300 demandas- y esperar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos que la administración le vaya resolviendo a cada propietario favorablemente.
 La historia ha demostrado que cuando las normas son muy complicadas o casi imposibles de cumplir, lo que hace la comunidad es no cumplirlas y optar por la ilegalidad. Un ejemplo es lo que esta pasando con los predios rurales, que los están subdividiendo como un proindiviso y se venden parcialmente, sin que el proceso pase por la oficina de registro de instrumentos públicos, ni por las notarías  como debería de ser, y los compradores confían en que con el paso de los días esas “posesiones” queden legalizadas por vía judicial, con lo que se estaría presentando que en el  futuro se tendrán urbanizaciones que no fueron debidamente aprobadas, ni cumplieron con lo estipulado en el POT.  Lamentablemente el cobro de la plusvalía se está convirtiendo en una invitación a la comunidad a la ilegalidad.