En Postguerra, una colosal obra sobre los hechos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Tony Judt cuenta que las primeras medidas para iniciar la rehabilitación de Europa fueron planificar la economía e involucrar al Estado en los asuntos centrales de la sociedad.
Lejos de consumarse el ideal comunista o haberse configurado un revés absoluto para los defensores del libre comercio, la planificación económica y la asignación de un rol activo al sector público, fueron decisiones útiles para frenar el fascismo y la guerra, y para intentar superar las desigualdades, injusticias e ineficiencias anidadas en ese continente. 
 Estoy de acuerdo con quienes han planteado que el coronavirus no debe analizarse bajo la lógica y el lenguaje de la guerra, ya que no habrá ninguna “victoria” sobre el virus y debido a que es impropio asimilar la labor de los trabajadores de la salud -pésimamente equipados y contratados, y cumpliendo con la misión de preservar la vida- con la de los combatientes de un conflicto. Sin embargo, por la magnitud de los fenómenos y la audacia en las decisiones que hay que tomar, algo de la historia de la postguerra debería ayudarnos a iluminar el camino para afrontar la pandemia. 
 El Fondo Monetario Internacional señaló que la economía a nivel mundial tendrá un crecimiento negativo del 3% en 2020, siendo esta la crisis más grave desde la Gran Depresión de 1929. La Organización Internacional del Trabajo ha indicado que las medidas de confinamiento afectan hoy al 81% de trabajadores del mundo y que 1.250 millones de personas pueden ser despedidas o ver recortados sus salarios en los próximos meses. En Estados Unidos, 22 millones de ciudadanos han solicitado subsidio de desocupación en el último mes. En Colombia se estima que más de 1 millón de personas se queden sin trabajo y en Manizales se calcula que el desempleo podría llegar al 33%, pasando de 28.000 a 70.000 desocupados. 
 Esta situación extraordinaria, que puede significar el tránsito de una emergencia sanitaria a una crisis económica de gran calado, requiere soluciones extraordinarias. Sin embargo, hasta ahora las medidas del Gobierno para hacerle frente a la situación del empleo, las empresas y el comercio, han demostrado ser insuficientes. Contrario a definir un plan claro para la preservación del tejido laboral y empresarial, lo de Duque ha sido pretender ganar indulgencias con padrenuestros ajenos, ya que le ha delegado a bancos, arrendadores, compañías de seguros y empresas de servicios públicos, particulares todos, la solución de estos asuntos. 
 Ni los subsidios del Sisbén, ni los créditos serán suficientes para cubrir las necesidades de una sociedad con altos niveles de informalidad, un marco fiscal débil y una alta participación en el mercado laboral de actividades de alto riesgo. Una cosa será planear la recuperación si se conservan las empresas y los puestos de trabajo, y otra muy diferente será lidiar una economía con miles de establecimientos cerrados y millones de personas sin ingresos, empobrecidas y con necesidades básicas insatisfechas. 
 Por estas razones, la propuesta de ACOPI de establecer un plan de retención de empleos, va en el camino correcto. Si el gobierno realiza un gasto social equivalente a 1 Salario Mínimo por trabajador, se podrían conservar 1.600.000 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país y salvar cerca de 8 millones de empleos. Esta inversión sería del orden de 6,8 billones de pesos mensuales, el equivalente al 0,71% del PIB, y generaría que las empresas puedan reactivarse con la menor afectación en términos de producción y de empleo. 
 En Europa, luego del conflicto bélico más grande de la humanidad, la idea que logró el más amplio respaldo ciudadano fue que establecer una economía orientada hacia la equidad y el bienestar común, significaba una sociedad más rica, más justa y en mejores condiciones de afrontar las crisis.
 En el confinamiento y en la postpandemia, lo público tendrá que recuperar su valor para garantizar la vida y los medios de vida.