Mientras los presos quedan libres, los que creíamos que estábamos libres, comprobamos que en verdad estamos presos. ¿Estamos apresados por un sistema, en el cual violar las leyes y cometer los más grandes y peores delitos, es muchas veces defendido por unos abogados, una juez, un fiscal, un procurador, sin contar con todos los otros actores que participan en esta parodia de democracia y de irrespeto por la legalidad, las ramas del poder y sus diferentes niveles de competencia?
¿Lo hacen esos que están precisamente encargados de vigilar el cotidiano, para poner en cintura a los que violan las leyes vigentes en Colombia, en forma cínica y sin complejo, ni posibilidad de culpa, porque saben que, en el Estado de Opinión, las figuras mesiánicas o los poderosos, tienen más importancia que en el Estado de Derecho?
¿Puede pasar eso porque nuestros sistemas de país están hoy al mando de un grupo de inescrupulosos que lo llevan al garete, con no más brújula que la determinación política, ni más norte que la descomposición moral de una nación que perdió el horizonte, entregado a los inescrupulosos que lo manejan como un verdadero lodazal, en el cual “todo vale”; no existen ni la ética, ni los principios rectores de legalidad, ni se respetan los poderes constitucionales entregados en forma clara en la Carta Magna?
¿Cuál es la autoridad moral con la que miles de presos, a los que no se les ha definido su situación, estén privados de la libertad, en prisión intramural, cuando a sociópatas y políticos los benefician con medidas excepcionales, que no se aplican a todos los colombianos, violando de paso y de hecho la Constitución y los principios rectores de nuestro andamiaje jurídico?
¿Cuál es la justificación para que hablemos de democracia, en un país mentalmente subdesarrollado y éticamente corrupto, donde se permite con indiferencia y cinismo que los delincuentes de todos los pelambres, cuando están respaldados por “barras bravas” y ejércitos de “bots”, puedan hacer lo que les venga en gana, contando para eso con los que se encargan burocráticamente de arreglar los entuertos, pasando por encima del principio elementales de legalidad y desconociendo investigaciones del más alto tribunal de justicia que tiene Colombia?
¿Cuál es el fundamento fáctico para que violando la Constitución y las leyes, haya personas privadas de la libertad de diferentes categorías, con distintos criterios de juzgamiento, con posibilidades de hacerle trampas rápidas al sistema, para que una vez detenidos preventivamente, con un expediente que parece largo, pero no lo es, si se tiene en cuenta que una Corte no va a tomar determinaciones “a tontas y a locas”, para darle papaya a uno de los personajes más cuestionados, si no es el más, que haya tenido Colombia en toda su historia de felonías y felones, de delitos y delincuentes, de ilegalidades y trasgresores de la legalidad?
¿Por qué comprar testigos, o comprarles la deformación de su versión, o amenazarlos, o matarlos, no merece los rigurosos pronunciamientos de tan altos servidores públicos, que están precisamente en sus puestos para ser los encargados de vigilar y hacer cumplir la ley y el orden?
Conozco mayorías de funcionarios de la Rama Judicial honestos y pulcros, servidores de la Procuraduría y los entes de control inmaculados, sin precio, con no más precepto que el de cumplir con las funciones de sus cargos. Lamentablemente son opacados por ese grupo de inescrupulosos y corruptos, que deforman la majestad de la justicia, desbaratando “a la topa tolondra”, todos los preceptos rectores de las instituciones en las que trabajan y a las cuales sirven.
Bien lo decía Platón: “La obra maestra de la injusticia es parecer justos, sin serlo”.