Las pandemias han dejado siempre muerte a su paso; este virus irrumpió en un mundo con más ciencia, conocimiento y tecnología, habrá en efecto menos muertes por 1.000 habitantes. Pero nacer y morir son leyes naturales, designios de Dios;  según el Dane, en 2019 Colombia fallecieron aprox. 240 mil personas (5 por cada 1.000 habitantes), 657 por día; según la ONU, nacen en el mundo aprox. 373.000 personas por día y fallecen 155.000 por día (7,3 por cada 1.000 habitantes). A mayo 20, este virus había cobrado 330 mil muertes mundiales y 630 en Colombia. Lo más evidente es que el terror a la muerte obnubila a muchos y del pánico deviene la paranoia y pésimas decisiones de gobernantes; los medios de comunicación y las redes sociales aúpan, azuzan el terror. Horrible coctel.
 Si bien el Estado de Excepción (Decreto Ley 417/2020) habría sido una medida razonable para salvaguardar la salud y vida de la población, apagar consigo el aparato económico resulta inaceptable por conllevar la pérdida del equilibrio macroeconómico y destrucción del empleo de millones de personas, de miles de empresas, violando quizás el principio fundamental del derecho al trabajo como medio de subsistencia. Y haber extendido el freno de la economía fue peor aún. Ni hablar de la desatinada propuesta de una alcaldesa de: “encierro y apagón de la economía durante 90 días”, hará llover quizás dólares del cielo. Salud y economía van de la mano, no son actividades mutuamente excluyentes.
 El presidente ha legislado cómodamente apostándole a una ecuación incorrecta, donde “el remedio resulta más costoso que la enfermedad”; apostándole a un encierro social, freno del aparato económico y manejo temerario de la hacienda pública. Fedesarrollo estima en $60 billones el costo económico mes de la parálisis (5% del PIB). La afectación de decenas de miles de mipymes que aportan el 40% del PIB y emplean 16 millones de ciudadanos. El país no estaba en condiciones de aguantar la parálisis, contrario al “criterio” de Carrasquilla. Banco República y Fondo Monetario Internacional no harán milagros, ministro. Nunca una economía puede parar, por principio básico.
 El freno deliberado de la economía habría de ocasionar daños graves al país, tales como incremento desbordado del déficit fiscal y mayor endeudamiento externo, con precios desplomados del petróleo. Quiebra de miles de empresas. Desempleo brutal subyacente. Desplome de la inversión. Moratoria con la banca. Disrupción de la oferta y demanda agregada. Reducción de la calificación riesgo país. Probable depresión. Eventual insurrección civil por mayor pobreza y hambre.
 Apelo a un sencillo cálculo económico: el aislamiento social y freno económico ha cobrado, ya vimos, 240 extra-muertes aquí; muchas quizás con enfermedades preexistentes. Significa que el aislamiento le habría costado al país aprox. $250.000 millones por muerte; me tildarán de infame, pero también les digo que es improcedente conducir todo un país a una profunda crisis por tratar de “inmortalizar” algunas vidas. No cuestiono la preservación de la salud y la vida, pero sí, la errada y temeraria decisión de paralizar la economía. El gobierno debió evitar los exabruptos fiscales, sociales y económicos que vendrán. Algunos países como Sur-Corea, Alemania, Holanda, Checoeslovaquia, Singapur y Suecia, especialmente, han proferido avanzadas directrices para conducir la salud y economía al unísono.
 En suma, el gobierno decidió paralizar la economía omitiendo la profunda crisis futura. Urge dinamizar el aparato económico para reanudar el equilibrio, rescatar empresas y el empleo de millones de colombianos, pues nada mejor que una economía saludable. Vendrán fuertes y dolorosos ajustes macroeconómicos para paliar los errores. Habrá que repensar un mejor orden constitucional- económico- político-institucional; repensar las actividades económicas y profesiones que deban preponderarse; repensar mejores estilos de vida, salud y bienestar para toda la población.