La relevancia social y política de la minga sustentada en temas de seguridad para las comunidades indígenas del Cauca, y que luego de un infructuoso intento de diálogo con delegados de la Comisión del Gobierno nacional en Cali, avanza hacia Bogotá como protesta social amparada por la Constitución, puede palidecer ante la incertidumbre del diálogo que se pretende sobre temas de vida, paz, democracia y territorio, y su confluencia con el Paro Nacional convocado para el miércoles; todo por no haberse frenado a tiempo por el presidente, Iván Duque, y no resultar suficiente el acuerdo de las organizaciones indígenas con el Ministerio del Interior, sobre la consulta previa frente al Sistema de Regalías.
Dicho marchitamiento de la marcha al tener que continuar ahora con aproximadamente 3 mil nativos de diferentes etnias del sur occidente de Colombia, de entre unos 8 mil miembros que participan de la minga indígena iniciada el 14 de octubre, tiene como antecedente un movimiento de movilización y protesta soportado en una serie de marchas por la reivindicación de los derechos humanos realizadas en 2008 por decenas de miles de indígenas de etnias distintas, principalmente Nasa, que se desplazaron desde Santander de Quilichao hasta Cali, lugar desde donde muchos partieron a Bogotá, tras no lograr acuerdo con el entonces presidente, Álvaro Uribe, durante un debate realizado en Piendamó.
“Marchamos porque nos están matando”, dicen esta vez los mingueros, quienes además de exigirle al Gobierno respetar la movilización y no realizar actos de provocación, hacen un angustioso llamado a que no se estigmatice el movimiento recurriendo a la criminalización de la protesta social mediante información y mensajes tendenciosos, desplegados a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, ya que esta movilización acompañada de ritos ceremoniales y otros actos culturales al interior de sus resguardos, y que se produce en defensa del territorio, la democracia, la dignidad y la paz en medio de una crisis social y humanitaria que se agudiza, tiene como eje rechazar asesinatos de líderes sociales, masacres y desplazamientos.
No obstante, aunque las organizaciones indígenas reiteran que el Gobierno no les ha cumplido los compromisos adquiridos, y su movimiento cuenta también con la participación de otros sectores sociales como organizaciones campesinas, comunidades negras y movimientos estudiantiles, algunos miembros de la prensa, tras declarar imprudente e inoportuna la movilización programada por la minga, argumentando que dada la pandemia, ni las pretensiones materiales que afecten la recuperación económica en un escenario de crisis, ni la marcha como una actividad masiva que se traduce en riesgo para la salud humana, la justifican; máxime cuando el Gobierno nacional ha atendido sus reivindicaciones territoriales y culturales, en lo posible, según ellos.
Pero siendo de todos sabido que la estremecida región del suroeste colombiano, continúa azotada por los grupos armados ilegales y el narcotráfico, entre otras actividades criminales, ya que la violencia tiene como combustible principal las disputas territoriales que libran disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y carteles del narcotráfico, a lo anterior responde el movimiento, que la minga indígena no va detrás de la plata, sino por el diálogo, pidiendo que la paz se haga efectiva en todos los resguardos y municipios del departamento del Cauca; de ahí que los mingueros reclamen en justicia visibilizar su problemática, para encontrar protección frente a las amenazas que buscan silenciar sus luchas.
A pesar de que los voceros de la minga insisten en un encuentro directo con el presidente en un lugar abierto, argumentando que están cansados de una violencia que deja un saldo de 76 comuneros indígenas asesinados en 2020, de un abandono estatal que suma décadas en lista de espera por las promesas incumplidas, y del rechazo del Gobierno a dicha solicitud con los argumentos de la seguridad y la concentración de miles de personas en alto riesgo por la pandemia del coronavirus, la Defensoría del Pueblo, advirtiendo los riesgos de contagio que supone una aglomeración de ese nivel, aunque no pondera un alcance político sin precedentes de la minga, ha ofrecido facilitar el encuentro entre el presidente Duque y unos 100 representantes de la minga en la sede de esa entidad en Bogotá.