Ahora que los viejos y nuevos congresistas andan compitiendo duro por la terna de la que se elegirá el nuevo Contralor General de la República, sirve una anécdota que explica por qué ese cargo se lo han disputado tanto “los mismos con las mismas”, como hace un siglo bautizó Gaitán a los jefes liberales y conservadores que competían –y hoy sus sucesores compiten– por el poder burocrático, al tiempo que se ponían de acuerdo sobre cómo gobernar mal a Colombia.
En los días de la elección de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación (2009), con Carlos Gaviria terminamos en un corrillo con varios senadores del partido Liberal, que ya había decidido votar por Ordóñez, al igual que lo habían acordado las demás fracciones de la política tradicional. Entonces con Gaviria, en tono cordial, les reclamamos: “Ustedes no pueden votar por Alejandro Ordóñez. No pueden votar por él porque es un doctrinario conservador y ustedes son liberales. Eso no lo pueden hacer…”, hasta que uno de los contertulios, algo mosqueado, nos explicó: “Miren, Carlos y Jorge Enrique, lo único que no puede hacer un senador en Colombia es no tener Procurador amigo, porque le fritan a uno a su gente”.
Aunque el senador liberal no lo dijo, es obvio que la máxima también se le aplica a la elección del Contralor, no sea que le sancionen “a uno a su gente”. Ese día entendí mejor una práctica que es norma en las elecciones para escoger a los jefes de la Contraloría y la Procuraduría: que entre los congresistas suele haber varios candidatos al inicio de la campaña, pero una vez se sabe quién ganará, los que van a perder se quedan solos pues sus adherentes se pasan al bando del vencedor. Porque “lo único que no puede hacer un congresista es no tener Procurador y Contralor amigo”, al igual que un buen número de funcionarios en las ías, palancas muy útiles en un apuro judicial y que también ponen votos.
Estas conductas se originan en que los congresistas colombianos –senadores y representantes a la Cámara– son jefes de sus grupos políticos, combos conformados por concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y hasta ministros, al igual que por funcionarios y exfuncionarios, los cuales pueden ser o haber sido ordenadores de gasto público. Esto significa que por errores o corruptelas pueden terminar investigados y procesados en estas ías, momento en el cual su vida depende de que sus congresistas tengan línea directa con el Procurador y el Contralor, para que puedan demorarse los procesos o que no haya sanciones o que sean menores. Y congresistas que fallen en ayudarles con sus buenos oficios “no sirven”, dirán sus conmilitones, quienes los reemplazarán por otros.
En los casos peores, congresistas, alcaldes y demás ordenadores de gasto público o miembros de las juntas que lo aprueban, incluidos funcionarios de las contralorías y contratistas de empresas privadas, conforman auténticas asociaciones para violar la ley, como se está destapando en el caso de los Ocad-Paz. Y parte del robo además lo usan para arrear clientelas a las urnas y ganar cargos de elección, dándole continuidad a este círculo vicioso y maléfico, que también tiene como objetivo aprobar leyes con medidas económicas, sociales y políticas contrarias al verdadero progreso nacional.