Lo mejor que puede suceder para que la reactivación de la economía sea una realidad, es que los empresarios privados retomen la iniciativa de invertir en negocios que tengan alcance social, aliados pero no cómplices del gobierno. Y que no se les arrugue a quienes impulsen tales proyectos para denunciar a los funcionarios que otorgan licencias oficiales de construcción, medioambientales u otras, cuando ladinamente propongan serruchos, con la simpática figura de “mano lava mano”, que no es otra cosa que favorecerse económicamente ambos, al costo social de que las obras queden mal hechas, tengan sobrecostos, se queden empezadas (sinfonías inconclusas), tarden años insólitos en terminarse o se caigan, en perjuicio y para sorpresa de la comunidad.
La solución no es poner ejemplos de casos conocidos (destapar ollas podridas), para generar polémicas antes que plantear soluciones. Lo razonable es aceptar que las entidades oficiales que deben adelantar proyectos que requieran tecnologías, equipos, profesionales especializados y capital se alíen con empresarios que dispongan de tales recursos. Les entreguen a ellos los estudios, contraten las obras con garantías ciertas y sólidas, supervisen el desarrollo de las mismas y hagan cumplir los compromisos contractuales, sin dilaciones tramposas disfrazadas de recursos legales, en las que son especialistas algunos bufetes de abogados, que saben que sus clientes son culpables y buscan mañosamente enredar los procesos buscando vencimientos de términos.
Los contratistas de oficio tienen muy claro que “donde haya plata, allá estamos”. La idoneidad es secundaria. Se da el caso de administradores de empresas, cercanos a políticos influyentes, que contratan obras de infraestructura vial, garantizando el cumplimiento y la calidad del trabajo con pólizas de aseguradoras de garaje (que las hay, las hay), certificaciones académicas expedidas por universidades incompetentes, demostración de solvencia avalada por contadores de ética dudosa y balances inflados. De ahí el resultado de engaños monumentales a la Nación, que las comunidades afectadas padecen, mientras la corrupción cuenta plata y se sonríe.
Como la cantaleta de las mamás, puede decirse a los electores: “Se lo dije, le advertí… y no me hizo caso. Chupe por cabeciduro”. Mientras los empresarios honestos, solventes y capaces rebuscan trabajo por otro lado, gobernadores, alcaldes y similares tienen “burro amarrado” con contratistas amigos que les financian las campañas y se benefician de la ejecución de los presupuestos oficiales de variada índole. Y los electores, como dice la canción, se tropiezan una y otra vez “en la misma piedra y con el mismo pie”.