Es muy razonable que los trabajadores y cualquier persona anhele disfrutar de mejores condiciones sobre las que ahora cuentan, y seguro que el cuestionario que el Gobierno pondría a su consideración en la eventualidad de la consulta popular, en caso de surtir favorablemente todos los trámites constitucionales o de imponerla a la fuerza como lo pretende Petro, contarían con su voto afirmativo.
Bien sabemos, sin embargo, que el asunto no para ahí y que el camino es largo y un tanto complejo, así el H.P (honorable presidente), en su caracterizada actitud populista con estilo incendiario y amenazante considere que todo lo puede imponer por encima de la institucionalidad o acomodando la legislación vigente, tratando mal a sus contradictores con calificativos denigrantes que no se compadecen con el respeto y la dignidad que tanto él como ellos ostentan.
Una consulta que le representaría al país más de $1 billón, incluidos gastos en publicidad, movilización de electores con transporte, alimentación alojamiento, etc, recursos sobre los que no se tiene claridad de dónde saldrán, aun forzando recortes adicionales para cuadrar el déficit fiscal con que viene laborando.
Sobre la consulta popular, coincido con reconocidos analistas sobre su inconveniencia, aparte de su alto costo primero se requiere una reforma que se ajuste a las nuevas circunstancias que hoy registra el sistema laboral frente a los avances tecnológicos y las nuevas tendencias del mercado laboral, que concilie los intereses de todas las partes comprometidas, no solo de una.
Segundo, el alto índice de desempleo que sigue registrando el país no se va a reducir imponiendo más cargas a los empleadores, al contrario subirá más, por cuanto las empresas formales buscarán mecanismos para compensar sus mayores costos, llegando incluso a trasladarlos a sus consumidores, lo que nos afectará a todos.
Tercero, tampoco la alta tasa de informalidad de nuestro sistema productivo, por encima del 55%, se va a reducir, considerando que las pretendidas reformas no contemplan mecanismos que estimulen la formalización empresarial, y sus trabajadores seguirán sometidos a las condiciones actuales sin apego a la legislación vigente.
Cuarto, de acuerdo con lo anterior, quienes disfruten de un trabajo formal en Colombia, pueden considerarse privilegiados bajo las condiciones actuales y su anhelo de más privilegios limitará las posibilidades para muchos otros que hoy ni siquiera cuentan con un trabajo y pondrá en riesgo miles de empleos frente a la eventualidad de obligados recortes de nómina.
Quinto, en el caso de la pregunta sobre “la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general”, se sabe que el Gobierno es el que más utiliza la figura del contrato de prestación de servicios y en el actual período presidencial se han incrementado en el 75,4%, según el Secop y El Tiempo, por lo cual para su aprobación, al igual que para otros temas de la consulta, deberá presentar un estudio de viabilidad presupuestal y administrativa.
En conclusión, siempre es mejor dialogar y concertar, sin ganadores ni vencidos, pero bajo este régimen es imposible.