Con el argumento expuesto por Petro para justificar la destinación de $10 mil millones de dineros públicos para su defensa personal y de su círculo familiar ante su inclusión en la lista Clinton por parte de Estados Unidos, manifestando que “tiene derecho a su defensa como servidor público” cuestiono si podría abrirse un antecedente en caso de que las autoridades de control fiscal y constitucional así lo admitan.
Si se estima que Colombia cuenta entre 1,3 y 1,4 millones de personas que desempeñan funciones al servicio del Estado, se deduce que un derecho invocado por quien ocupa la primera magistratura para defenderse por sus líos judiciales, mientras desempeña sus funciones, a lo mejor también podría ser invocado por cualquiera de ellos, generando un boquete grande para el presupuesto general de la Nación. Aunque no se cuenta con cifras oficiales sobre el número de servidores públicos bajo procesos judiciales por causas relacionadas con su trabajo, se estima que son miles, frente a la gran cantidad de situaciones a las que se ven enfrentados por razones de desconocimiento de la normatividad, por su vulnerabilidad personal ante las tentaciones que les brinda el cargo, por las exigencias indebidas de quienes han influido en su designación o por sus propias conveniencias particulares, entre tantas otras razones.
Del hecho planteo estas otras conjeturas: 1. Aduce el señor Petro que “su sanción fue por acciones propias de la Presidencia, haciendo referencia a su llamado desde Nueva York al ejército estadounidense para desobedecer las órdenes de Donald Trump”, pretendiendo justificar esta intromisión indebida en los asuntos de otro país, lo cual viola las normas del Derecho Internacional y lo que él mismo ha criticado en otras circunstancias. Muestra clara de sus incoherencias o es que ¿el presidente colombiano está blindado para hacerlo?
2. Si incluye en la defensa contratada a quien dice que aún es su esposa, pero ya no convive con ella, la calidad de primera dama no corresponde a un cargo público, sino que desempeña papel protocolario, social y de acompañamiento, aunque Verónica Alcocer al país le ha costado miles de millones su mantenimiento personal, sin que hasta ahora ni siquiera eso lo haya hecho. Grave también, si en el tema está incluido Nicolás, el hijo de Petro. 3. Según la representante Katherine Miranda, la transacción se hizo mediante contratación directa, previo al inicio de la Ley de Garantías con la firma Amadeus Consultany Limited, aunque inicialmente el abogado Daniel Kovalik se había ofrecido a asumir la defensa del presidente de forma gratuita. Tampoco esta opción era sana por las posibles repercusiones o suspicacias que de tal concesión podrían derivarse para la Nación.
Necesario entonces que los organismos competentes clarifiquen cuanto antes esta situación y que no se quede en sus estantes pendientes de forma indefinida como tantas que ocurren en los asuntos del Estado involucrando tanto al presidente como a otros altos funcionarios, hasta el punto de extinguirse y permanecer en la impunidad con el tantas veces decretado “vencimiento de términos”.