Comprendida desde 1999, la situación actual en lo concerniente a la irresponsabilidad de los congresistas por sus votos y opiniones en ejercicio de su función legislativa, años después vendría el que se ha dado en llamar “el juicio del siglo”, en el que resulta comprometido el presidente más popular que ha tenido el país en los últimos tiempos, el dr. Álvaro Uribe Vélez. Nadie duda de sus ejecutorias en su primer período presidencial (2002-2006), especialmente en materia de seguridad, que para la época se encontraba gravemente comprometida en todo el territorio; el período que le siguió estuvo afectado de sobresaltos, pero que buena parte del país le sigue reconociendo y agradeciendo su obra después de 15 años de haber finalizado sus dos mandatos.

Como senador, el expresidente Uribe formuló denuncia contra un colega suyo, el también senador Iván Cepeda, por supuesta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema de Justicia en su sana crítica decidió que, por el contrario, se debía investigar al exmandatario por el mismo supuesto jurídico, pero este prefirió renunciar a su curul en el Congreso de la República evitando así ser investigado por aquella alta corporación de justicia, la competente para seguir procesos penales contra quienes gozan de ‘fuero especial’ como los congresistas, en su lugar, las pesquisas quedaban bajo el control de la Fiscalía General de la Nación, seguramente por orientación de sus asesores; el juicio ante juez penal del circuito. El proceso ante la Sala de Casación Penal hubiera permitido el trámite de la ‘doble conformidad’.

He sido un convencido del aparato de justicia nuestro y de sus jueces, así requiera de una reforma que, por ejemplo, garantice el acceso por mérito a sus más altas posiciones y así seguramente se hubiera evitado que a la comunidad nacional se le vendiera la idea de que el ‘escape’ del dr. Uribe Vélez de la competencia de la Corte Suprema haya obedecido a la supuesta parcialidad de esta, o al lazo que podía atarlo con el máximo jefe del órgano investigador y quien ulteriormente se lanzara como precandidato presidencial, lo que indudablemente afectó igualmente la credibilidad en la justicia.

Cualquiera sea la decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá en segunda instancia debemos acogerla con respeto para proteger nuestra democracia y la majestad de la justicia; las diosas de los jueces, Temis y Astea, sabrán acompañarlos en esa difícil misión, pero estamos seguros de que Colombia les reconocerá el cumplimiento de su compromiso y sagrada tarea.

Con el “proceso del siglo” se presenta entonces un segundo hito o momento histórico desde la nueva era constitucional iniciada en 1991: El primero con el presidente Ernesto Samper, a quien lo favoreció una polémica preclusión en la Cámara de Representantes, pero se privó al país de haber conocido la verdad judicial por los hechos que se le investigaba; el otro con el expresidente Álvaro Uribe, a quien sí se le investigó y juzgó en primera instancia con las garantías procesales, y como el proceso tendrá así mismo control de legalidad, debemos tener la convicción de que la sentencia de segundo grado estará rodeada de plena justicia.