En la actualidad mundial existe un inmenso riesgo de otorgar apoyos o expresar opiniones, pues según la conveniencia o no para los distintos sectores, fácilmente se ubica al protagonista en uno de los dos extremos de la polarización: derecha o izquierda, los que por la dinámica y conveniencia hacen que deban ser presentados actualmente como moderados. Acontece incluso con los respaldos a países en conflicto, o a líderes internacionales: Rusia o Ucrania; a Israel o Palestina; Venezuela o Guyana; Trump o Biden; Putin o Zelenski, y ni hablar de la situación interna de Colombia. El neoliberalismo cambió la estructura económica proteccionista que era tradicional en nuestro país. Con ese nuevo modelo también varió la concepción de la empresa pública y la prestación de los servicios a cargo del Estado que indujeron de manera superlativa a su ‘privatización’, o cuando menos, a su semiprivatización. Esos nuevos vientos, venidos de otras latitudes, llevaron entonces a cuestionar el papel público y las finalidades estatales y, por ende, falta de conciencia y apropiación por lo suyo, y distanciamiento social.
¿Realmente la empresa pública ha sido siempre ineficiente y corrupta? ¿Por qué el modelo de empresa pública colombiana entró en desprestigio? ¿La empresa pública nacional o local es en sí misma mala? Otrora existieron entidades oficiales emblemáticas para el país, no puede desconocerse, las que entraron en crisis, no por su modelo de gestión siempre con la posibilidad de mejorar, sino por las personas que las orientaban u orientan, o por quienes influían o influyen en ellas, lo que aún permanece. Cómo reprochar la organización de la fuerza pública que tradicionalmente le ha prestado
grandes servicios al país, pero que algunos de sus integrantes no han merecido ni merecen su permanencia en ella; cómo no exaltar el antiguo ISS o los propios órganos de control, si no hubiesen tenido personajes que la socavaron o que por la influencia de líderes las burocratizaron; cómo no alabar el papel del aparato de justicia si no hubiesen transitado por él magistrados que la mancillaron; cómo no defender alcaldías y gobernaciones con sus estructuras, concejos y asambleas departamentales, si no se inmiscuyeran en ellas personas sin vocación o ideales de servicio público sino solo con intereses burocráticos o políticos.
Cómo no recordar empresas como la Flota Mercante Grancolombiana, entidades descentralizadas, o la banca pública que existió; hospitales, universidades y colegios oficiales que siempre sobresalieron por su organización y formación; pero como el Estado no debía o podía ser dispensador de muchos de esos servicios debía adoptarse por la privatización. Si la empresa pública no resulta buena y eficiente, ¿por qué entonces el éxodo de cotizantes hacia una empresa oficial? Si los encargados de estructurar los organismos públicos (Congreso de la República, asambleas departamentales y concejos municipales) son responsables y tienen sentido de país; si se escogen los mejores administradores incorruptibles; si existe un régimen serio de carrera administrativa con severo régimen disciplinario y de gestión; si hay manejo pulcro de recursos humanos y financieros so pena de incurrir en sanciones o penas ejemplarizantes, verdaderamente persuasivas y sin ningún tipo de beneficios; si se establece un estricto régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses, y una óptima prestación de servicios con rígida auditoría objetiva por parte de los órganos de control, la empresa oficial tiene que funcionar, y muy bien.
Nuestra Constitución garantiza con sus normas una eficiente empresa pública, pero se necesita conciencia cívica y colaboración política. La empresa pública no es un regalo, es una creación de la comunidad que la ha puesto a su servicio. Soy defensor de la empresa pública. Si todos la apoyamos y la defendemos como propia, que lo es; rechazamos las intromisiones o influencias indebidas, si actuamos como sus vigías, seguramente que el Estado responderá con creces a los anhelos de su colectividad, y esta estará siempre agradecida de la óptima destinación de sus tributos.