Sobresalto tras sobresalto se suceden cada día en nuestro país, especialmente en los ámbitos político (Congreso de la República) y administrativo (Rama Ejecutiva).
La decadencia actual del primero, al que se agregan los recientes escándalos que comprometieron nada más y nada menos que a los dos presidentes de cada cámara (Senado y Cámara de Representantes), lugar democrático donde debe reinar la ética y el compromiso sano con el país, deja perplejo hasta el osado de los optimistas en dicha institución, alejándose de los dictados de la Ley 1828 del 2017 (Código de ética del Congresista): “La presente ley constituye el marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria de los miembros del Congreso de la República, por la conducta indecorosa, irregular o inmoral en que puedan incurrir en el ejercicio de su función o con ocasión de la misma…La actuación del Congresista en ejercicio de la altísima misión que le corresponde, se ajustará a los preceptos éticos y disciplinarios contenidos en el presente código, estará revestida de una entrega honesta y leal en la que prevalecerá el bien común sobre cualquier interés particular” (artículo 1º), a lo que se debe agregar el literal d) del artículo 51 del mismo ordenamiento: “Se presume que la actuación del congresista en el ejercicio de sus funciones se adecúa a los postulados de la buena fe; por tanto, su comportamiento debe ajustarse a una conducta honesta, leal y conforme a la dignidad que representa”.
Cada elección que se produce de nuestros representantes (delegados) a ese cuerpo colegiado desata pasiones, pero al mismo tiempo ilusiones, que mejor quimeras, las mismas que se tornan opacadas con los resultados electorales que vuelven y ‘consagran’ como reelegidos a algunos congresistas que con anterioridad no se atemperaron a los principios de la ética y la buena fe, o porque también se presenta una especie de ‘nepotismo’ a la colombiana imponiendo candidatos y relegándose así a otros líderes con justas y merecidas aspiraciones, buscándose con dicha práctica mantener o extender el poder, o conservar un reconocimiento político y social.
En el ámbito ejecutivo la situación no es distinta. Allí, por ejemplo, siendo costumbre añeja silenciosamente aceptada, para lograr mayorías en la respectiva corporación pública que garanticen gobernanza, se precisa llegar a acuerdos que comprometen tanto burocrática como contractualmente a las entidades administrativas, generando prácticas excluyentes o discriminatorias. Y qué decir de altas dignidades del Estado (ministerios, embajadas, etc.), que, sometidas al mismo juego, en muchos casos han sido inveteradamente reservadas para los dirigentes, familiares o amigos sin contar, incluso, con la preparación o formación suficientes para asumirlas, propiciándose así mismo discriminación.
No someterse los jefes de las administraciones públicas a esas reglas, implicará el sacrificio no solo de sus planes de desarrollo, sino de los propios intereses de las respectivas colectividades.