Colombia no enfrenta una crisis aislada ni coyuntural. Lo que hoy observamos en múltiples campos -seguridad, salud, territorios rurales, confianza institucional- es la expresión acumulada de una desigualdad estructural que el Estado no ha logrado desmontar. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (2025) en su informe Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en el que indica que la violencia no afecta a todas las personas por igual, sino que se ensaña sobre quienes han sido históricamente excluidos; pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, mujeres, personas LGBTI, niños y adolescentes, habitantes de territorios controlados por actores armados. No se trata únicamente de violencia armada, existe también una violencia institucional silenciosa que opera cuando el Estado no llega, llega tarde o llega mal.
La pobreza, lejos de ser un accidente, se reproduce por la intersección de factores étnicos, territoriales, de género y de clase, configurando un entramado que limita el acceso a derechos básicos. Para la CIDH el Acuerdo de Paz del 2016 marcó un giro hacia un enfoque de seguridad humana integral, pero su implementación ha sido incompleta y fragmentada. Se proclama la centralidad de los derechos mientras se deterioran las condiciones materiales para garantizarlos.
El caso del sistema de salud es ilustrativo. Durante más de dos décadas, Colombia contó con un modelo que, con todas sus falencias, permitió ampliar la cobertura y mejorar el acceso a los servicios. Hoy la crisis es inocultable, escasez de medicamentos esenciales, cierre de servicios, suspensión de cirugías y el colapso de las urgencias. Según cifras oficiales, las deudas acumuladas de las EPS con hospitales y clínicas superan los $32 billones, asfixiando a los prestadores y fracturando la cadena de atención. La crisis de la salud a diferencia del conflicto armado atraviesa a todos los sectores sociales, y eso, en principio, es una expresión de igualdad. El problema es que se da en medio de una infraestructura deteriorada y de un sistema financieramente colapsado, lo que pone en riesgo la vida de cualquiera.
La precariedad del sistema no es responsabilidad del personal de la salud, cuya formación, compromiso y vocación siguen sosteniendo la atención incluso en condiciones adversas. La falla es estructural, institucional y política. El análisis del periodista Luke Taylor publicado en la revista British Medical Journal (2026) lo atribuye a decisiones orientadas más por la ideología que por la evidencia, con efectos directos sobre la continuidad de la atención y el aumento de la mortalidad que podría ser evitable. El profesor estadounidense, Jason Blakely (2025), en su obra Perdidos entre ideologías: cómo interpretar la vida política actual plantea que la ideología no es solo una posición política, sino un exceso que distorsiona la realidad y vuelve impermeables los hechos a quienes la abrazan sin matices. 
Reducir la desigualdad no significa crear una subclase de ciudadanos dependientes de transferencias estatales precarias, significa construir condiciones estructurales y sostenibles de acceso a la salud, la educación, el trabajo y la justicia, apoyadas en instituciones sólidas y políticas públicas responsables. La paz, la equidad y la democracia no se decretan ni se improvisan, se construyen con evidencia, deliberación pública y una ética política capaz de reconocer la complejidad del país real. La pregunta de fondo es ineludible: ¿Estamos dispuestos a abandonar la retórica y asumir, como sociedad, la responsabilidad de enfrentar la desigualdad desde sus causas estructurales?