El cierre de 31 sedes educativas en Manizales es más que una noticia sobre infraestructura escolar; es un reflejo de una crisis profunda en la relación entre educación, comunidad y participación ciudadana.
A propósito de la Semana de la Participación Ciudadana, es pertinente recuperar el pensamiento de Orlando Fals Borda, pionero de la Investigación-Acción Participativa (IAP) y defensor de la escuela como centro articulador del desarrollo comunitario y la participación democrática (Fals Borda, 1987). Nos recuerda el profesor Wilson Benavides, politólogo (2024), en la serie Historia de la Acción Comunal, que la primera organización comunitaria en Colombia fue una Junta de Vecinos, creada por el profesor Orlando Fals Borda en la vereda El Saucito (Chocontá, Cundinamarca).
Esta iniciativa evoluciona y se consolida bajo el nombre de Acción Comunal. Saucito tenía altos índices de pobreza y con base en la organización comunitaria esas condiciones socioeconómicas empezaron a cambiar. Construyen la primera escuela y crean la primera cooperativa agrícola.
Esta experiencia se replica en todo el país y se afirma el papel de la escuela como espacio de encuentro, formación y planeación del desarrollo local.
Las Juntas de Acción Comunal (JAC)se formalizan a través de la Ley 19 de 1958, lo que para esta época fue un pilar del desarrollo local, donde la escuela es un eje de organización social, hoy se encuentra en crisis.
Las escuelas se cierran, la comunidad se fragmenta y las JAC, que deberían liderar la respuesta, enfrentan un proceso de envejecimiento, politización y pérdida de incidencia en la gestión territorial. La idea detrás de las JAC es clara: la educación debe ser un vehículo de transformación social.
Paulo Freire lo reafirma en Pedagogía del Oprimido (1970), sostiene que la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino generar conciencia crítica y empoderamiento.
En Colombia, esta concepción lleva a que la escuela sea el motor de proyectos comunitarios y cooperativas que impulsan la economía local. Pese a que las JAC son reconocidas legalmente, no cuentan con financiamiento estable, ni mecanismos claros para ejecutar proyectos de largo plazo.
Estas dificultades han hecho que las Juntas Administradoras Locales (JAL), encargadas del control político y planificación en las localidades, tampoco logren incidir de manera efectiva en el desarrollo territorial.
Pierre Bourdieu (La reproducción, 1970) afirma que cuando las estructuras de participación no renuevan su base social, terminan perpetuando el mismo orden jerárquico, lo que puede explicar el por qué las JAL y las JAC no logran atraer nuevos liderazgos ni consolidar una agenda de transformación territorial.
De ahí que, la solución se puede encontrar en la construcción de un ecosistema participativo en el que la escuela, la acción comunal y la ciudadanía confluyan en un proyecto de desarrollo territorial inclusivo y sostenible.
Es fundamental establecer mecanismos de articulación entre los actores locales, promoviendo espacios de deliberación que permitan identificar prioridades y diseñar estrategias colectivas.
Asimismo, se requiere fortalecer la educación cívica desde una perspectiva práctica, en la cual la formación en participación ciudadana no solo sea teórica, sino que implique experiencias reales de involucramiento en la toma de decisiones locales.
Bien lo expresa Mariana Mazzucato en El valor de todo (2018): el Estado debe entender que la inversión en bienes públicos, como la educación y la acción comunal, no es un gasto, sino una estrategia para fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo.