En el país del eterno retorno de las promesas, hablar de vida digna para las juventudes que han sido víctimas de vulneraciones de derechos no es solo un deber académico, sino un imperativo ético y político.

Desde la Línea de Investigación en Política Pública del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE –en alianza con la Universidad de Manizales– realizamos el pasado jueves una nueva sesión del Webinar Conversaciones Públicas sobre Prácticas de Políticas Públicas.

Contamos con la participación de Camilo Noreña Herrera, quien presentó su investigación doctoral de la Universidad de Antioquia, centrada en la vida digna de las juventudes que pasaron por programas de protección del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

Su trabajo demuestra una de las realidades más silenciadas del sistema de bienestar colombiano como es la situación de quienes egresan de estos programas, muchas veces sin las garantías necesarias para continuar su proyecto de vida en condiciones de dignidad.

Cinco de cada diez jóvenes que egresan de programas de protección del ICBF vuelven a ser víctimas de vulneración. Discriminación, hambre, violencia y desamparo estructural son parte del escenario postinstitucional al que son arrojados.

La tesis del doctor Noreña, basada en una metodología de investigación acción participativa, no solo entrega un diagnóstico riguroso, sino que propone un modelo de intervención con enfoque de salud colectiva juvenil que se materializa en el proyecto de ley 081 del 2023, que plantea la creación de un Programa Nacional de Acompañamiento Integral al Egresado.

Ahora bien, la categoría de vida digna es fundamental porque no se trata solo de restablecer derechos formalmente, sino de garantizar condiciones materiales, simbólicas y afectivas en salud, educación, vivienda, vínculos, identidad, reconocimiento y pertenencia.

Bien lo señala Favero (2019), los sistemas de protección que no aseguran transiciones reales hacia la autonomía, reproducen las condiciones que motivaron la institucionalización. Bernal (2016) también ha advertido que el Estado colombiano ha ignorado sistemáticamente la vida de estos jóvenes una vez egresan del sistema.

Este panorama evidencia no solo una omisión del Estado, sino una necesidad urgente de revisar el enfoque del ICBF.

Si bien es cierto que esta entidad cuenta con una estructura de cobertura nacional, rutas de atención y protocolos para casos de maltrato, abuso o trabajo infantil, también es innegable que enfrenta debilidades estructurales profundas. Continúa operando con una lógica tutelar y asistencialista.

Por ello, la propuesta de ley mencionada no puede pasar desapercibida. Implica una transformación institucional profunda, que asuma la vida digna como un eje rector del sistema de protección y no como una promesa abstracta.

La pregunta por la vida digna, entonces, no puede postergarse. Implica cambiar las políticas públicas, los sistemas de bienestar y, sobre todo, los discursos que aún tratan a las juventudes como sujetos pasivos. De hecho, uno de los compromisos fundamentales de las universidades es visibilizar los resultados de investigación que contribuyen a la transformación social.

Como bien lo ha señalado Sara Victoria Alvarado Salgado, directora del Cinde, es indispensable generar conocimiento pertinente, riguroso y socialmente apropiado que trascienda los muros académicos y llegue a los territorios.

En un país que aún no ha aprendido a cuidar a sus juventudes más vulneradas, se requiere menos retórica y más políticas públicas que reconozcan su dignidad y les permitan proyectar un futuro posible.

Porque la vida digna no comienza con el restablecimiento de derechos consignado en un expediente, sino con el reconocimiento de cada joven como sujeto político y ciudadano pleno.