El Plan de Desarrollo Municipal de Villamaría (2024-2027) propone un modelo basado en la equidad territorial y la justicia social; se compromete a prestar atención integral a las comunidades a través del mejoramiento del hábitat, el acceso a servicios sociales básicos, el saneamiento ambiental y la garantía efectiva de los derechos fundamentales.
Su estrategia es la Gestión Pública Orientada a Resultados (GPOR) con el fin de impactar la calidad de vida de la población.
Sin embargo, la tragedia ocurrida en la vereda Los Cuervos (20/02/2025), que cobró la vida de varias personas, no puede ser leída simplemente como un accidente natural, sino como expresión concreta de lo que Guillermo O’Donnell (1993) denominó ciudadanía de baja intensidad: una condición en la que los derechos existen formalmente, pero no cuentan con garantías reales para su ejercicio.
El deslizamiento en Los Cuervos revela una falla estructural del poder público, de la planeación territorial y de la política de vivienda y gestión del riesgo. De nuevo, se evidencia el abismo entre lo que el Estado promete y lo que efectivamente cumple.
En municipios intermedios como Villamaría, la institucionalidad es frágil, la participación ciudadana es escasa y la planeación urbana es ineficaz o inexistente.
Desde la perspectiva de O’Donnell (1993), Villamaría muestra características de una zona marrón; es decir, un espacio en el que el Estado está presente en el papel, pero ausente en la garantía de derechos básicos y el ejercicio efectivo de su autoridad.
La ausencia de un POT actualizado y la falta de mecanismos adecuados de financiamiento para la gestión del riesgo -como la no suscripción del contrato con el Cuerpo de Bomberos- evidencian una débil presencia estatal en Villamaría.
Es un Estado que, en vez de proteger la vida, la deja expuesta al azar, al clima y a la improvisación política. En este contexto, ¿cómo ha integrado el Municipio las prácticas de gestión del riesgo en su planificación territorial?
Este contexto también puede ser analizado desde el pensamiento de Orlando Fals Borda (1986), quien planteaba que la planeación del desarrollo debía surgir desde los territorios, con la participación real de las comunidades. En Villamaría, la ciudadanía no incide en las decisiones fundamentales sobre su hábitat.
La política de vivienda es precaria, y muchas familias terminan ocupando zonas de alto riesgo, sin servicios públicos ni garantías mínimas de seguridad. Este no es un problema individual ni accidental, sino estructural: responde a un modelo de desarrollo que privilegia la rentabilidad por encima de la vida, y que excluye a las comunidades del diseño de su propio destino.
El reciente editorial del diario La Patria (19/03/2025) y el ejemplo del municipio de Anserma evidencian que sí existen alternativas viables cuando hay liderazgo ético y voluntad política. Allí, una reforma tributaria local permitió garantizar la sostenibilidad del convenio con los bomberos.
Esto demuestra que no se trata únicamente de falta de recursos, sino de prioridades.
En contraste, la inacción en Villamaría contradice el espíritu mismo de su Plan de Desarrollo, el cual se compromete a reducir la inequidad territorial y garantizar los derechos fundamentales.
La Constitución de 1991, en su artículo 51, establece que todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna.
Pero cabe preguntar: ¿Cuál es el plan de vivienda de interés social en Villamaría, tanto rural como urbano, para garantizar el derecho a una vivienda digna en todo el territorio? ¿Cómo se están aplicando los subsidios con enfoque diferencial del programa Casa Digna, Vida Digna en Villamaría, en articulación con la Gobernación de Caldas?
Construir una ciudadanía de alta intensidad -en la que los derechos no dependan de un contrato sino de un compromiso real del Estado- es una exigencia ética y política.
La vida no puede seguir siendo una variable marginal en la planeación del desarrollo. Villamaría tiene la oportunidad -y el deber- de pasar del discurso a la acción.