En los casi tres años de Gobierno se han nombrado cuatro ministros de Transporte y cuatro directores de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Se dice que son seis meses los que tarda en conocer su cargo un funcionario. La última ministra está recién posesionada y el director de la ANI no sabe dónde está parado. Además, estamos en plena campaña electoral. Este es el panorama al que se está enfrentando la propuesta de la Iniciativa Privada, IP, que está presentando Odinsa para continuar con la operación por otros 30 años de la Autopista del Café cuyo contrato de concesión termina en el mes de marzo del 2027.
Son muchas las reuniones que se han sostenido en la región para definir el alcance de la IP. La discusión en Caldas se ha dado por dos razones: la primera porque es el departamento donde se tienen instaladas más casetas de peaje, y la segunda, porque se considera que la localización de éstas limita el crecimiento de Manizales y encarece el desplazamiento a la capital de la comunidad que vive en los municipios localizados en el centro y el occidente del departamento.
Hay que tener en cuenta que la expansión de Manizales está apuntando hacia los sectores de San Bernardo, La Manuela y El Rosario, y se tiene contemplada la construcción de un corredor logístico en el Corregimiento del 41, que sin lugar a dudas será clave para el desarrollo de la región.
La campaña para las elecciones al Congreso de la República ha subido el tono con respecto a los peajes. Una promesa muy atractiva es eliminarlos. La esencia de la IP consiste en que los recursos requeridos para las construcciones y el mantenimiento de la obra salgan de los recaudos de los peajes. A menos peajes, menos plata disponible.
Todo apunta a que Odinsa tiene interés en aceptar las peticiones del departamento en lo que tiene que ver con la construcción de las dobles calzadas, las intersecciones y el mejoramiento de las condiciones geométricas del tramo entre la Estación Uribe y La Trinidad. Inclusive, al parecer también en que se mueva el peaje de Pavas, con un incremento en la tarifa en Tarapacá. Sin embargo, con las condiciones de la alta rotación de ministros y de directores de la ANI, que es la entidad encargada de autorizar la IP, sumado al proceso político que está en curso, va a ser muy difícil que en este año se pueda tomar una decisión acertada.
Hay que insistir que ante la dificultad de llegar a un acuerdo entre la comunidad con la propuesta del concesionario es muy posible que el manejo de la carretera pase al Invías, propuesta que desde ningún punto es favorable para la región. La construcción de nuevas vías y el mantenimiento de las carreteras en el país desborda la capacidad económica de este Instituto, lo que de llegarse a dar, significaría que no se construyan las obras que estamos requiriendo en Caldas, que no se le haga el mantenimiento requerido para la autopista y, muy seguramente, los peajes continuarían tal como están y los recaudos se destinarían para otros sitios.
Ante este panorama tan confuso y riesgoso para la región, una opción podría ser que Odinsa considerara la posibilidad de “congelar” el trámite de la solicitud de la Iniciativa Privada y esperar hasta que pase el proceso electoral.