Gustavo Petro se ha caracterizado, a lo largo de su Gobierno, por buscar siempre a quién echarle la culpa de sus propios errores. Su frase más diciente fue la que lanzó contra su hijo cuando salió a la luz pública que éste se había quedado con dineros de la campaña: “Yo no lo crié”. En los últimos días, hemos visto ejemplos claros de esta persistente táctica de evasión.
Después de dos años de haber intervenido las EPS y de haber nombrado interventores sin los conocimientos ni las capacidades para desempeñar el cargo, el presidente salió a decir que tales nombramientos fueron realizados de manera inconsulta por su antigua funcionaria de toda confianza, Laura Sarabia. Resulta contradictorio que, al día siguiente de ese señalamiento, ella presentara sus cartas credenciales como embajadora ante el Reino Unido frente al rey Carlos III.
Otra “perla” es su relación con la fiscal general de la Nación. Petro la ternó convencido de que sería cercana a su Gobierno -la quería de bolsillo-; sin embargo, ahora que la Fiscalía ha llamado a indagatoria a su tesorero de campaña y hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a Juliana Guerrero -muy cercana al presidente y acusada de falsificar su título universitario-, el discurso cambió. Hoy la acusa de “traidora” e inventa que ella apoya a un candidato presidencial opositor.
En el norte del país, especialmente en el departamento de Córdoba, la situación es crítica por las inundaciones. Según Petro, el responsable no es el invierno atípico, ni el mal manejo de las ciénagas, ni la invasión de los cauces de los ríos Sinú y San Jorge. Para él, la culpa es de la represa de Urrá. Petro pretende desvincular al Gobierno nacional del manejo de la represa, a pesar de haber nombrado a los tres últimos gerentes.
Con 170.000 damnificados, el panorama es desolador. Muy probablemente, el invierno atípico se juntará con la temporada de lluvias que se inicia en marzo, lo que dificultará aún más el secado de las tierras. Lamentablemente, el peligro para la salud es latente: las aguas estancadas ya son un foco de infección y su eventual retiro dejará tras de sí lodos y residuos igualmente peligrosos. Sea por el exceso de agua o por las secuelas de su retirada, la crisis de salubridad es una amenaza inminente para estas comunidades.
Para atender la tragedia, el Gobierno promulgó su cuarto decreto de emergencia económica por $8 billones. Lo más probable es que la Corte Constitucional lo apruebe. Lo realmente complicado para los afectados es que el Gobierno es un pésimo ejecutor y que los recursos los administrará la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad más cuestionada por corrupción. Este decreto sepultaría el anterior, por $16 billones, que hoy permanece suspendido. No tiene presentación el afán de expedir emergencias económicas cuando en enero se firmaron 165.000 contratos por un valor de $14.8 billones.
Finalmente, la indolencia del mandatario quedó retratada en la fotografía de los alcaldes de Córdoba: sentados en el piso y totalmente “mamados”, esperando a que el presidente se dignara atenderlos. Una imagen que muestra, con crudeza, las “maneras” de este Gobierno.

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Nada más triste y doloroso que el sufrimiento que estamos padeciendo los colombianos con el manejo de la salud. Así mismo, nada más humillante y desobligante que los comentarios del ministro de Salud. Para el Gobierno, “Kevin tuvo la culpa”.