Entre el discurso oficial y la realidad de las comunidades rurales de Caldas se abre una brecha que merece ser examinada con detenimiento.
Al contrastar la narrativa mediática promovida desde la Administración del exgobernador Luis Carlos Velásquez con los hallazgos documentados por veedurías ciudadanas, emerge un panorama preocupante sobre la ejecución de políticas públicas en materia habitacional.
El publirreportaje publicado en el diario La Patria dibujó un escenario de transformación social y esperanza para las familias campesinas de Caldas.
Con un lenguaje emotivo y persuasivo, presenta la imagen de una Administración comprometida con el mejoramiento de las condiciones habitacionales en las zonas rurales del departamento.
Sin embargo, la rigurosa investigación adelantada por la Corporación Cívica de Caldas, respaldada por informes de la Contraloría, revela una realidad sustancialmente distinta.
El ambicioso “Programa de Vivienda”, estandarte de la Administración Velásquez, quedó mayoritariamente en el terreno de las promesas no materializadas.
Al finalizar el periodo solo realizó el 16,8% de las 4.000 viviendas prometidas y dejaron varios municipios endeudados.
Algunos absurdos fueron el Programa de Mil Viviendas con 0% de ejecución, o el caso de las casas de guadua que solo realizaron 1 de 48 y decían que eran pioneros en este tipo de construcción.
La documentación recabada sugiere un modelo de gestión que aparentemente privilegió intereses ajenos a las necesidades apremiantes de la población rural caldense.
La construcción mediática de una relación de éxito, frente a evidencias concretas de incumplimiento, plantea interrogantes fundamentales sobre la ética en la comunicación gubernamental. La utilización de espacios publicitarios para proyectar como realidades lo que continúa como inconcluso, constituye una distorsión del deber de transparencia en la función pública.
Esta práctica no solo compromete la credibilidad institucional, sino que vulnera el derecho ciudadano a recibir información veraz sobre la gestión de los recursos públicos.
Los habitantes de Caldas merecen conocer el estado real de estos proyectos, no versiones embellecidas que ocultan deficiencias estructurales en su implementación.
Cada promesa incumplida representa familias caldenses que continúan habitando en condiciones precarias, esperanzas frustradas y un deterioro en la confianza hacia las instituciones públicas.
La vivienda digna no constituye un simple eslogan de campaña, sino un derecho fundamental, y que su incumplimiento, afecta directamente la calidad de vida de comunidades históricamente marginadas.
El compromiso con la vivienda rural digna exige más que discursos elaborados o publirreportajes estratégicamente posicionados.
Como lo dijimos en la pasada columna “Las Casas en el aire”: “Bienvenidas todas las viviendas para los caldenses más necesitados, pero no podemos aceptar que los mayores recursos aprobados queden atrapados en una ejecución pobre y mediocre...pero las casas campestres de los funcionarios sí quedaron con buenos cimientos…la única casa que quedó bien armada y bonita fue la de la maqueta con la que el actual (pasado) gobernador aparentemente engañó a los caldenses en campaña con una casa debajo del brazo, prometiendo lo que le quedó grande cumplir”.
Ahora la pregunta fundamental es, ¿quién pagó el engañoso publirreportaje en La Patria sobre el Programa de Vivienda creado en la Administración de Luis Carlos Velásquez?
Nos informan que no fue la actual Administración departamental. ¿Quién pretende seguir engañando a Caldas usando esta clase de artimañas?