Las plenarias conjuntas de Senado y Cámara del Congreso de la República aprobaron el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 por $405,6 billones. De la totalidad de los recursos, $253,6 billones se destinarán a funcionamiento, $74,02 billones a inversión y $77,9 billones al servicio de la deuda.
La adición presupuestal, que representa un incremento de $14,1 billones frente a la iniciativa radicada por el gobierno anterior, será destinada al fortalecimiento de programas sociales ($10,2 billones) y gastos de funcionamiento ($3,9 billones). A través de recursos propios, préstamos de la banca multilateral y dividendos de Ecopetrol se garantizarían los recursos para cubrir el monto de la adición. El sector agricultura presentará un incremento del 100% en el presupuesto, que se destinará, principalmente, a la implementación de la Reforma Rural Integral para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz.
De los 31 sectores, las mayores apropiaciones serán destinadas a Educación ($54,7 billones), Salud ($51,2 billones), Defensa ($48,3 billones) y Hacienda ($43,8 billones), que tendrán cerca de las dos terceras partes del presupuesto. La reparación a las víctimas del conflicto armado, el alivio a las deudas del ICETEX, la prevención y atención de desastres, la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre y el desarrollo de programas sociales son algunas de las disposiciones aprobadas en el presupuesto que serán prioritarias para el gobierno.
Del total de recursos destinados a inversión, $69,6 billones corresponden al presupuesto nacional para la región. Las mayores asignaciones serán para Antioquia ($6,15 billones), Bogotá ($5,05 billones), Valle ($3,46 billones), Cundinamarca ($2,72 billones), Santander ($2,52 billones); Bolívar ($2,48 billones) y Atlántico ($2,3 billones). Las menores apropiaciones para Guainía ($174.000 millones), Vaupés ($189.000 millones), Guaviare ($293.000 millones), Vichada ($301.000 millones) y Amazonas ($332.000 millones).
En la última reunión con los coordinadores y ponentes del proyecto, se acordaron añadir siete artículos nuevos. Los cambios se generaron en el sector deporte, sistema integrado de transporte masivo y la Defensoría del Pueblo.
Sin contemplar los ingresos adicionales de la Reforma Tributaria (que estimaría recaudar alrededor de $20 billones), la cartera de hacienda prevé expandir los ingresos corrientes a $264,3 billones, los recursos de capital a $120,1 billones, los fondos especiales a $17,8 billones y las rentas parafiscales a $3,4 billones. Los recortes en el sector defensa, la reducción del servicio de la deuda y el mayor recaudo en impuestos serán algunas de las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la financiación total del presupuesto.
El presupuesto aprobado deberá ser coherente con el cumplimiento de la regla fiscal para permitirnos recuperar el grado de inversión, mejorar la nota crediticia del país y lograr acceso a financiamiento interno y externo. También debe ser consecuente con los retos postpandemia, que ha traído como consecuencia el aumento de la inflación, el crecimiento de las tasas de interés, la desaceleración de la economía y la devaluación del peso.