En mayo de 2021, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue duramente cuestionado por movimientos sociales y políticos, medios de comunicación y ciudadanos por su ausencia en las protestas del Paro Nacional, que paralizaron por varios días al país. Mientras el clima social aumentaba cada día debido a la represión policial contra los manifestantes (en las calles contra la única reforma en el mundo que quería cobrarle más impuestos a los pobres medio de la pandemia), Camargo se encontraba plácido en su finca de Anapoima y no acudía a los Puestos de Mando Unificado, en los que la voz de esta entidad ha sido clave para garantizar los Derechos Humanos.
El nombramiento y la actitud de Camargo fueron la constante durante el periodo de Duque en la Presidencia: funcionarios poco capacitados para sus cargos, con una visión del servicio público distante de principios de equidad y justicia, y que utilizaron su paso por las instituciones como un medio de visibilización particular.
Desafortunadamente, el modelo Camargo se reprodujo en Caldas con el nombramiento de Álvaro López en la Defensoría Regional en enero de 2021. A López, exconcejal de Manizales por el Partido Conservador, pocos méritos lo acompañaban para ocupar este cargo, salvo estar bajo la tutela partidista del exrepresentante Félix Chica en ese momento. Así, empezó un periodo de alta desconexión de la dirección de la entidad con la ciudadanía, pérdida de confianza entre sectores sociales e invisibilización de la labor de la entidad.
Y hablo de pérdidas, porque la construcción de respeto y reciprocidad entre la entidad y la ciudadanía durante los últimos años ha sido notoria. La Defensoría del Pueblo en Caldas en la última década se ha preocupado por acompañar en terrenos a poblaciones, liderar causas y participar en problemáticas del territorio. La entidad ha sido clave en el acompañamiento a las comunidades indígenas y afro, a las víctimas de la violencia y los conflictos ambientales, a los líderes sociales, a los vendedores informales y a los habitantes de calle, entre otros sectores. Asimismo, ha instalado agendas institucionales y políticas sobre equidad de género, prevención de violencia sexual, derechos de la comunidad LGBTI, salud, trabajo, migración y violencia, emitiendo Alertas Tempranas tan importantes como la de los cultivos de coca en el oriente de Caldas o la relacionada con la presencia de Grupos Armados Delincuenciales Organizados y otros actores violentos en el territorio.
Pese a que el ejercicio de los funcionarios sigue estando alineado con los principios misionales de la institución, el avance en la defensa de los Derechos Humanos se ha visto entorpecido por la errática dirección de la entidad durante este último lapso. López escasamente viajó a los municipios a hablar con las comunidades y el relacionamiento institucional se centró en su cercanía con altos cargos públicos y el Ejército Nacional. Igual que Camargo, en época del Paro Nacional el funcionario fue visto pocas veces en las movilizaciones sociales, en las cuales la Defensoría históricamente ha jugado un rol de facilitación, acercamiento y veeduría muy importante en Caldas. Las pocas veces que hizo presencia, lejos de contribuir a apaciguar los ánimos o a intentar mediar, al funcionario se le oyeron expresiones desobligantes con los ciudadanos que marchaban pacíficamente.
Luego del descalabro de López, quien se pensionó recientemente, la entidad pretendió ser entregada a Jeniffer Cotacio, exsecretaria de las Mujeres de Manizales, con denuncias de maltrato laboral e irregularidades en contratación pública, posiciones discriminatorias y un desempeño mediocre en ese cargo. Por fortuna, la presión de organizaciones como el Bloque Feminista de Manizales y la Veeduría en Asuntos de Género de Manizales hicieron que el nombramiento de la exsecretaria se reversara.
Pese al daño que se le ha hecho a la entidad, es un buen momento para exigir que no se juegue con una entidad tan valiosa y para repudiar la visión cicatera, cortotermista y corrupta que se ha tomado el ejercicio político y público en el departamento, el cual hoy nos tiene como parias a nivel nacional. La Defensoría en Caldas debe recuperar el espíritu de justicia y equidad bajo el cual fue creada esta institución en la Constitución del 91.