Estamos terminando el 2022 con la promesa de cambios, de una nueva realidad social y política en el país. Solo se ha cumplido parte de la misma, con la inclusión de regiones que permanecieron siempre en el olvido, haciendo que millones de colombianos que no eran tenidos en cuenta como personas, sean reconocidos y se les dé el valor que merecen en lo humano, lo económico y lo social.
              Esta Colombia incluyente que prometió priorizar la vida de los excluidos, tiene que ser una realidad, para sentir el orgullo de nuestra diversidad cultural, nuestra ancestral diferencia en las creencias, motivaciones y principios de personas que siendo de orígenes distintos, son nuestros compatriotas y hermanos.
Para lograrlo se deben cambiar conceptos enquistados en ese inconsciente colectivo, clasista, arribista, desigual e injusto. Pasamos de una sociedad excluyente, narcotizada y sin escrúpulos, con las excepciones que por supuesto tienen que ser reconocidas, a un modelo de sociedad incluyente, diversa, culturalmente rica, que valora las diferencias, sin discriminar por ellas, como un principio elemental de humanismo, cumpliendo con el pilar fundamental con el que comienza nuestra Constitución.
Esa CN que dice: “El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano… y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, …decreta, sanciona y promulga la siguiente…”.
Es clara cuando establece en el “Título I, De los principios fundamentales: Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Y en el Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; … Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
Parece una tontería tener que recordarlo, pero no lo es. Tontería máxima fue olvidarlo, no cumplirlo, creando una brecha social infranqueable, que no le importaba ni al gobierno, ni a los favorecidos legal o ilegalmente en las regiones, ni era tenida en cuenta en las estadísticas sobre nuestra situación de pobreza y atraso, nuestra falta de solidaridad e indiferencia con millones de compatriotas sometidos al olvido institucional, sin que eso le preocupara a alguien.
Decenios de gobiernos que fueron excluyentes, indecentes, deshonestos, ineptos, desconectados de la realidad, dedicados a favorecer clanes, robar al Estado, sin retenes, con entidades que no cumplen sus funciones, convertidas en fortines políticos, para  perder los recursos de los contribuyentes, en manos de deshonestos, amparados en una impunidad cínica, aberrante y cómplice de esos delincuentes que  hacen parte de nuestra institucionalidad, asociados a los particulares que se benefician sin decoro y sin control, apropiándose de los mismos, como si estuvieran manejando sus sucios negocios, sin el ojo avizor de unas autoridades que los controlen, investiguen y castiguen ejemplarmente, por sus desmanes y felonías.
Ahora han sido reencauchados muchísimos corruptos, sin que a los que nos gobiernan parezca importarles. Llegó la hora en que recobren su soberanía y su poder los partidos tradicionales, con principios decentes y honestos, para acabar con tanto grupo político salido de la basura mental de los caciques que contemplando su ego, no representan nada, esos insaciables devoradores de los bienes públicos, sin ser vigilados y eliminados del mapa político que nos ha devastado.
Para que el cambio sea histórico como lo prometieron, deben comenzar por la depuración institucional, la independencia de los poderes, la destitución de los deshonestos, la judicialización de los delincuentes que nos manejan. Mientras eso no pase, seguiremos padeciendo la desgracia de nuestra institucionalidad deshonesta y pueril. Necesitamos tener el control absoluto sobre los que hacen parte de esta ratonera política en que vivimos, para al fin, darle fin.