Las marchas son un derecho que tenemos los colombianos para exponer las diferencias que sabemos existen con la políticas de un gobierno; también sirven para apoyar situaciones especiales en las que se manifiestan grupos de diferente índole, con unas razones objetivas o subjetivas, que les dice que marchar es la manera de hacer viable su propósito y obtener el respaldo de otros grupos. Las marchas hacen parte de nuestra vida democrática, que las permite, siempre y cuando sean pacíficas: están claramente definidas en la Constitución Nacional, consagrado en el Artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Eso ya está escrito, en un trabajo de investigación universitaria: “El marco legal que respalda el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en Colombia, ha destacado su legitimidad para la reivindicación de diversos derechos constitucional y legalmente protegidos, como la libertad de expresión, el derecho a la huelga, y otras garantías en circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar. Están además los tratados y convenios sobre derechos humanos como parte del ordenamiento interno de los Estados. Las manifestaciones pacíficas deben ser protegidas y que cualquier incumplimiento de las obligaciones estatales pueden derivar en violaciones a los derechos fundamentales de las personas que participan en dichas protestas. Por eso tenemos mecanismos expeditos para facilitar la convocatoria de manifestaciones y las sanciones para quienes perturben reuniones públicas con el uso excesivo de la fuerza.
Las disposiciones normativas son claras y en ellas están las que consagran el derecho de asociación, protegiendo la libertad de reunión y asociación pacífica, y garantizando que nadie pueda ser obligado a participar en gremios o asociaciones. Se exige la efectividad de no represalias o criminalización de los organizadores o participantes en protestas sociales, así como la creación de mecanismos para denunciar violaciones de derechos humanos y el uso de nuevas tecnologías de la información.
El ejercicio del derecho de protesta debe garantizar la protección de ciudadanos, especialmente la de grupos vulnerables como periodistas, niños, mujeres y ancianos, tanto de las autoridades, como de particulares, cumpliendo con estándares internacionales. Hay también disposiciones relacionadas con personas con discapacidades y pueblos indígenas, así como la libertad de expresión y opinión. Cuando se hace real el uso de la fuerza en las protestas sociales se está resaltando la importancia de la capacitación en derechos humanos y protocolos de conducta para las autoridades y agentes estatales que intervienen en manifestaciones para preservar el orden público. Pero hay reglas claras sobre la participación y la intervención de la fuerza pública para proteger los derechos de las personas involucradas en la protesta.
El derecho a la protesta nace de disposiciones normativas relacionadas con el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación pública pacífica en el espacio público, destacando la protección de este derecho siempre que sea pacífico y con un fin legítimo. Es clara la prohibición de la participación de las fuerzas armadas en el control, contención o garantía de la protesta social, así como la facultad de la Policía Nacional para intervenir en casos de desórdenes. Es obligación de las autoridades, el respaldo al ejercicio del derecho a la protesta pacífica en Colombia, sin olvidar aspectos como la protección de derechos fundamentales, la regulación de la fuerza en manifestaciones, las garantías para organizadores y participantes, y la importancia de respetar estándares internacionales en el contexto de protestas sociales”.
Ante esta realidad, las marchas mientras sean pacíficas, están permitidas en nuestro cotidiano, con la norma clara que tiene nuestra CN, para regularlas y permitirlas. Intentar vandalizarlas o alterarlas con el uso de fuerzas extrañas o con violencia, no es un acto democrático, es una acción de grupos que violan las leyes y hacen con nuestro acontecer lo que les viene en gana. Fue magnífico que se presentara la marcha del domingo pasado, aún no estando exenta de violencia, pagos para marchar, caravanas de buses muy largas con las que politiqueros de baja estofa quieren hacer creer que es la opinión general de Colombia. A pesar de todo eso, el desarrollo pacífico de las mismas, demuestra que la violencia no viene de los que estaban siendo cuestionados, y que son otros los que la inducen cuando son llamadas por los opositores.
Con respecto a los cálculos realizados sobre la participación, se salen de contexto. Viviane Morales dijo que había más de 400 mil personas en la marcha en Bogotá en la Plaza de Bolívar. Mentira absoluta. En un estudio realizado la Universidad de los Andes, utilizando drones y un pequeño avión, se demostró que en la Plaza de Bolivar caben 46.212 personas y con las calles y escaleras de la Catedral Primada, se suman otras 9.400. Los medios no pueden seguir mintiendo impunemente. Pero aquí lo importante es el respeto al derecho a la manifestación ciudadana.