Ya el país estaba preocupado con la propuesta de la constituyente para que ahora tengamos que hacer frente al fast track presentado por Petro. Para los que se preguntaban a qué había llegado Juan Fernando Cristo al Gobierno, pues ahí está parte de la respuesta: a replicar lo hecho por él mismo en el gobierno Santos con esta iniciativa. Para que se den una idea del alcance del fast track, es un mecanismo cuyas características principales se pueden resumir en que el trámite de los actos legislativos y las leyes se vuelve cosa de días.
Veamos, las iniciativas del Gobierno se tramitan en comisiones conjuntas, así se trate de reformas de la Constitución, lo cual está prohibido. Las reformas constitucionales se aprueban en una vuelta y no en dos, lo que significa pasar de ocho debates a cuatro o, mejor, a tres, ya que las comisiones constitucionales sesionan conjuntamente, lo que también está prohibido. Los tiempos entre debate y debate se acortan a la mitad, con lo cual una reforma constitucional podría ser aprobada en menos de un mes; todo puede aprobarse en sesiones extraordinarias, todas las votaciones son en bloque; ningún otro tema se puede discutir, pues estos tienen total prioridad y el control de la Corte Constitucional no se puede hacer sobre el contenido de los temas, sino solo sobre el trámite de estas. Además, los términos procesales para que la Corte resuelva se reducen a la tercera parte.
Este instrumento en manos de Petro reviste la mayor gravedad, porque su pretensión es acudir a este para aprobar su agenda de cambio, lo cual no solo incluye todos los temas cobijados por la paz total, sino otros como la modificación de las normas que regulan las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo o aquellas relativas a la distribución del Sistema General de Participaciones o las que desarrollan su plan Marshall o las inversiones forzosas. También se buscaría extender el plazo para la implementación del acuerdo de paz por siete años.
Estos son solo algunos temas mencionados para incluirse en este adefesio, porque podrían entrar otras iniciativas ya negadas por el Congreso, como la reforma de la salud o de la educación y el paquete anunciado para el segundo semestre, que incluye una reforma tributaria, la reforma de la justicia, la de servicios públicos, la laboral o el cambio de la regla fiscal. Y me pregunto: ¿por qué no el acuerdo con el Eln o la propia reelección? Todo será posible bajo la sombrilla de la paz.
El Congreso no debería considerar esta propuesta, y yo agregaría que también es difícil legislar sin que antes la justicia no haya aclarado lo concerniente a la UNGRD y al pago de $208.000 millones en sobornos, ¿o será que van a premiar estas conductas aprobando un mecanismo como el del fast track, que limita el ejercicio del poder legislativo y el propio de la Corte Constitucional? El fast track es mucho más peligroso que la propia constituyente.