Las instituciones en Colombia están funcionando a pesar de todo: unas por la voluntad de quienes las representan, y otras porque simplemente están bien concebidas. Sigo pensando que las Cortes no deberían tener funciones nominadoras; este sigue siendo un elemento perturbador del esquema institucional que define el funcionamiento de los poderes públicos en Colombia. Que la Corte Suprema elija fiscal general de la Nación y que otros altos Tribunales de la Justicia tengan facultades para integrar ternas o designar funcionarios, no le hace bien al sistema de separación de poderes. Esas tareas podrían distraerlos del cumplimiento riguroso de sus funciones fundamentales y someterlos, de paso, a riesgos de burocratización y clientelismo.
La designación de fiscal general de la Nación casi siempre ha sido tortuosa: once fiscales ha tenido el país desde que se creó ese cargo en 1991; casi siempre su designación ha sido tardía. Los encargos han sido muchos, y algunos de ellos por largo tiempo. La paradoja es que siendo este método un desatino institucional, el proceso al final terminó bien: con el telón de fondo de una encarnizada lucha política entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, el trámite formal se inició el año pasado en agosto, en el momento en que Gustavo Petro entregó la terna a la Corte Suprema de Justica. Dicha terna, integrada solo por mujeres, le gustó a casi todo el mundo. No satisfizo sin embargo a un magistrado que demandó dicha lista por discriminación… ¡masculina!
Cuando todo avanzaba en apariencia bien, a una de las ternadas, Luz Amparo Cerón, la sacaron del grupo; algunos hechos cuestionables de su vida en la Rama Judicial dieron al traste con su aspiración. Sin demora fue reemplazada por Luz Adriana Camargo, quien, ¡cómo es la vida!, terminó siendo, al final, la elegida. El tono del debate político fue subiendo entre tanto; se habló de rompimiento institucional y hasta intervenciones hubo de organismos internacionales. Petro convocó la gente a la calle para que presionara una decisión rápida de la Corte. Hubo bloqueo del edificio donde estaba sesionando la Corte y tuvo que intervenir el propio Gobierno para evitar la extensión de los desafueros. Así las cosas, y después de varias votaciones, todo parecía decantado a favor de Amelia Pérez. Pero viejos contratos y los comentarios de su esposo en redes sociales la dejaron en una posición muy difícil.
Después de 4 intentos sin éxito, la Corte optó por convocar a una sesión extraordinaria el 12 de marzo para decidir. Pero en la mañana de ese día, la candidata Amelia Pérez renunció a su postulación; hubo quienes pensaron que dicha decisión era un torpedo contra la forma en que el proceso había retomado su rumbo después de tantas acechanzas. Por qué renunció Amelia Pérez, ella lo dijo en la carta que le envió a los magistrados: “la decisión tomada, honorables magistradas y magistrados obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección…, como por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales…”.
La Corte, sin entrar en discusiones bizantinas sobre si existía por efecto de la renuncia a una terna, cortó por la sano y eligió a Luz Adriana Camargo. Su hoja de vida habla por ella: tiene una larga trayectoria en la Rama Judicial, particularmente en la Fiscalía, se ha desempeñado bien no solo aquí, sino en el exterior como investigadora y juez, y la U. de la Sabana la cuenta entre sus más brillantes estudiantes y egresadas.
Con todo y las carencias y vacíos institucionales, el proceso tuvo un final medianamente feliz. Las instituciones aguantaron, la Corte estuvo a la altura y superó todas las restricciones de orden normativo por ahora.
Mucho se ha criticado el sistema bicameral. Se dice que la existencia de dos cámaras en el Congreso es costosa e inútil. Esta semana en Colombia el sistema mostró su virtuosidad: Una iniciativa tan controversial como la de reformar el sistema de salud, fue archivada por el Senado después de haber sido aprobada por la Cámara de Representantes. Al margen de saber cuál cámara tiene la razón, lo cierto es que ampliar el debate sobre este asunto parece ser la mejor opción. En todo caso, las instituciones aguantaron.