En principio no hay nada malo en que Petro use uno de los tantos mecanismos de participación ciudadana que existen en nuestra legislación.

Esos mecanismos profundizan la democracia y la llenan de contenido. En más de 30 años de vigencia, muy poco han sido utilizados.

Y cuando se ha apelado a ellos, sus convocantes o auspiciadores, no han tenido fortuna: Uribe al comienzo de su mandato, arropado por claras mayorías de opinión, convocó un referendo y fracasó. Claudia López tuvo igual suerte con su referendo anticorrupción, no alcanzó el umbral de votos.

El Plebiscito, otro mecanismo de participación creado por la Constitución del 91, fue al que apeló Juan Manuel Santos cuando quiso dotar de legitimidad popular los acuerdos de paz firmados con las Farc; por otra razón distinta al umbral, también fracasó porque ganó el NO.

La revocatoria del mandato es el mecanismo de participación que más se ha usado.

Sin embargo, tampoco ha corrido con buena suerte; por citar dos casos relevantes, los intentos de revocarles el mandato a Enrique Peñalosa y Daniel Quintero, tampoco tuvieron finales felices.

La Consulta Popular nacional no ha sido utilizada hasta ahora; el presidente Petro quiere recurrir a ella para responder a lo que ha llamado un bloqueo institucional, ya que el Congreso, dice, no le quiere aprobar las propuestas de reformas laboral y de salud.

Al margen de otras consideraciones de tiempo, modo y lugar, tan no es cierto que haya bloqueo institucional, que él mismo puede apelar a usar otro camino para lograr cristalizar sus propuestas de cambio, sin zafarse de los cánones legales y constitucionales.

Otra cosa es que esa iniciativa hoy sea pragmática, oportuna, pertinente, y esté inspirada en las peores intenciones.

Desde un punto de vista práctico, la iniciativa arranca con muchas dificultades: es poco probable que la atmósfera densa que se respira en el Congreso para efectos de darle vía libre a la consulta, se supere; financiarla, implicará un gasto calculado en más de medio billón de pesos en un escenario de enormes dificultades fiscales; y finalmente, sacar a votar más de 13 millones de personas (que es lo que se requiere como umbral), no será tarea sencilla.

Entrando como estamos a la agenda electoral del próximo año, no parece oportuno agregarle a esa agenda el condimento de un debate que el mismo Gobierno se encargará de crispar y convulsionar.

En la valoración que hizo el Gobierno de la situación concreta, pesó más su espíritu de confrontación que la disposición al diálogo.

Su respuesta no fue pertinente: la firma de la proposición de archivo de la ponencia del proyecto de ley de reforma laboral, era solo eso, una proposición. Su discusión como la de otras alternativas seguía y sigue pendiente.

La reacción del presidente ha sido desmesurada, vindicativa e intolerante.

Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones se encontró con que no tenía mayorías en el Congreso. Su tarea inicial debió ser conseguirlas; en principio las logró, pero luego las deshizo.

En vez de mantener la línea del diálogo y la concertación, que en principio le aseguraron la aprobación de medidas tan importantes como una reforma tributaria, prefirió radicalizar sus posturas y escoger caminos más difíciles, más problemáticos y más costosos para intentar cristalizar sus proyectos.

No hay bloqueo institucional; lo que pasa es que los acuerdos institucionales en las democracias, están ahí a veces para hacer más difíciles las cosas a fin de que salgan mejor.

Por eso hay quienes prefieren las dictaduras; no le piden permiso a nadie para tomar decisiones, y eso, a su juicio, las hace más eficientes; hasta para encarcelar y matar.