Ayer a las 4 y media de la mañana concluyó el primer período de sesiones del Congreso correspondiente a la legislatura 2022-2026. Como no es usual en estos casos, la última reunión no estuvo atiborrada de proyectos: solo dos, uno que contemplaba una adición presupuestal por un poco más de 16 billones de pesos para este año y el otro que pretendía corregir un error legislativo que había dejado sin base legal el número de diputados que le correspondería a cada departamento. 
Una sesión atípica sin duda, que coincide con las excepcionales condiciones en que se desarrolló el trabajo legislativo en estos días de inicio del Gobierno. Normalmente esta etapa está caracterizada por el optimismo, la confianza y los buenos augurios. Sin embargo, lo que se percibió durante toda esta semana que termina, fue una sensación de fracaso, frustración e incertidumbre: las peleas, muy desapacibles por demás, entre varios congresistas, no hicieron más que llevar al Congreso el ambiente de polarización que se está viviendo en la calle.
No siempre fue así: la coalición ampliamente mayoritaria a favor del Gobierno en un comienzo hizo posible tramitar sin mayores obstáculos varias leyes ciertamente complejas, entre ellas la reforma tributaria, el Plan de Desarrollo, la Jurisdicción Agraria, el Ministerio de la Igualdad, la reforma a la ley 418 que permite adelantar diálogos de paz, clave para la paz, total, la reducción de las vacaciones del Legislativo y el Tratado de Escazú.
Los inconvenientes vinieron luego por cuenta de factores de distinta índole: le decisión del Consejo de Estado de invalidar la elección como Senador de Roy Barreras, ficha clave en la construcción de la coalición de gobierno y hábil conductor de la sesiones desde la presidencia del Senado, la anulación de la designación del Contralor General de la República que de una u otra forma lesionó aún más la credibilidad del Congreso, y finalmente el rompimiento del acuerdo de gobernabilidad con las mayorías parlamentarias, después de dos tempranas crisis del gabinete ministerial.
Las grietas de unas mayorías aparentemente sólidas se empezaron a profundizar con el hundimiento de la Reforma Política y la incapacidad del Gobierno para aclimatar a través de la concertación, iniciativas tan polémicas como las de las reformas a la salud y al régimen laboral. 
En el último debate reglamentario se hundió también el Proyecto de Acto Legislativo que pretendía regularizar el consumo de marihuana de uso adulto en Colombia. En este caso le ocurrió al gobierno Petro lo mismo que al presidente Boric en Chile con la reforma constitucional: se involucró demasiado en un tema que pudo haber fluido bien,  y que terminó cobrándole una derrota política. 
Otros proyectos que quedaron pendientes de presentación o trámite, además de los ya mencionados, fueron los de sometimiento de estructuras criminales en el marco de la paz total, la humanización carcelaria que entre cosas corregiría el estado de cosas inconstitucionales que ha declarado en varias ocasiones la Corte Constitucional, la reducción de salarios de altos funcionarios, entre ellos los congresistas, y la que introduciría reformas  a las leyes 115 y 30 de 1992, sobre educación preescolar, básica y media y educación superior. 
El panorama se ve confuso; algunas ideas del Presidente, ocurrencias dirían otros, que nos hablan de asambleas populares, círculos de discusión de algunas iniciativas tan sensibles como las que tienen que ver con educación, no parecen ser la   mejor manera de recomponer el diálogo político, la concertación social y la construcción de amplios consensos. 
El paso del tiempo, la caída de favorabilidad del Primer Mandatario el debilitamiento de la economía, la exacerbación de la violencia y la inactividad de la Administración medida en términos de baja ejecución del gasto, profundizan esa confusión y desafían al Gobierno a privilegiar el dialogo con la totalidad de los colombianos.