El presidente Petro ha hablado reiteradamente en los últimos días de un gran acuerdo nacional; todavía no sabemos bien de qué se trata, con quiénes se hará y sobre qué temas versará; pero suena bien y se ve necesario en este ambiente de crispación política y polarización que se ha agudizado en los últimos días merced al rompimiento de las alianzas mayoritarias en el Congreso y a los escándalos que involucran a muy distintos, y distantes, actores sociales, económicos y políticos del país.
Por el trajín de esta última semana pasó desapercibida para la opinión nacional la presentación al Congreso del Acto Legislativo que propone reformar la Constitución, en materia de fortalecimiento de las entidades territoriales, por la vía de restituirles los recursos que les entregó la Constitución de 1991. Esta iniciativa del partido político En Marcha, pone en práctica un aspecto esencial de su ideario político: buscar desarrollar el principio según el cual “Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”
La Constitución de 1991, con la intención de superar el antiguo e irresoluto dilema centralismoautonomía territorial, le ordenó al Congreso de la República expedir una ley que reordenara el territorio. Después de 24 intentos, se aprobó la ley 1454 que de manera tímida pretendió darle
salida a un orden territorial distinto para el Estado Colombiano. Se quedó en un simple remedo y apenas sí, abrió la ventana para que los departamentos, en un acto de reconocimiento a la existencia de las regiones más allá de sus fronteras, se asociaran en Regiones de Administración y Planeación para gestionar sus intereses. En una especie de vértigo asociativo, hoy más del 90% de los departamentos integran estos espacios. Sin embargo, ello no ha significado mayores recursos ni mayores competencias para los departamentos, y si no hay recursos y capacidad de decisión sobre los asuntos propios, no hay autonomía.
La relación del poder central con las Entidades Territoriales subnacionales está mediada por la prevalencia sin atenuantes de la burocracia nacional. Las decisiones sobre asuntos que bien podrían resolver en otras condiciones municipios y departamentos, pasan por el tamiz de Bogotá. Asuntos de infraestructura vial, salud, educación, vivienda, saneamiento básico, seguridad ciudadana, dependen de lo que decida el Gobierno Nacional. El gran volumen de los escasos e insuficientes recursos fiscales que hoy les transfiere la Nación a municipios y departamentos, está supeditada a políticas públicas sectoriales, predefinidas por el poder central.
El Estado colombiano hoy no controla su territorio, en las vastedades de nuestra geografía periférica impera la violencia, el abandono y la marginalidad; existen asimetrías intolerables entre unos departamentos con indicadores de prosperidad y otros con niveles de pobreza apenas comparables a los del África Subsahariana.
El proyecto de acto legislativo mencionado, como ya se dijo, propone volver a las transferencias para departamentos y municipios establecidas por la Constitución de 1991: según tal mandato, de sus ingresos corrientes, la Nación tenía que transferir a departamentos y municipios, el 46.5%. Hoy apenas reciben escasamente el 20%. En igual sentido el Proyecto, propone redefinir las responsabilidades y competencias de dichas entidades territoriales y establece de paso la necesidad de reestructurar el sistema de control fiscal que hoy está cargo de las contralorías.
Las discusiones que se han planteado en torno al metro de Bogotá, reflejan la irracionalidad de las relaciones institucionales entre una alcaldesa de la capital y un presidente de la República. Que este último pretenda imponerle una decisión a quien debería manejar este tipo de asuntos del Distrito con total autonomía, es un exabrupto y un desafuero que se da precisamente porque no están claramente deslindadas las competencias de cada espacio territorial, y porque el Gobierno Nacional tiene la chequera que le permitió a un ministro lenguaraz e irresponsable, chantajear a la alcaldesa, amenazándola con negarle los recursos nacionales para acabar de financiar la obra.
Que la justicia haga lo suyo con respecto a Nicolás Petro y Odebrecht. Que Petro continúe con su idea de convocar el Gran Encuentro Nacional, pero que no lo dinamite antes de tiempo con sus declaraciones desapacibles y confrontacionales y su verbosidad desafiante y pendenciera.
Y que mientras tanto la sociedad vaya identificando una agenda alrededor de la cual se intente construir ese Gran Acuerdo Nacional.