La decisión del Gobierno de calcular la tasa de incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025 no fue técnica, fue política. Las ambigüedades, imprecisiones, prejuicios y sesgos han rodeado las discusiones en torno a las cifras del Sistema de Seguridad Social en Salud, y los datos de distintas fuentes son contradictorios e imprecisos y han sido usados para tomar muchas decisiones que hoy tienen colapsado el Sistema.
Los informes de la Contraloría no coinciden con los de la Procuraduría; el Gobierno no se pone de acuerdo cuando la Superintendencia de Salud y el Ministerio, manejan cifras distintas. Todo esto sin contar con las que manejan centros de pensamiento, académicos y agremiaciones. La Corte Constitucional ya ha hecho llamamientos a ponerle orden al tema y el Congreso conformó una Comisión para intentar consolidar las cifras, tarea que finalmente no pudo realizar.
En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que el Sistema está desfinanciado, no de ahora sino desde hace varios años. Y que, por tanto, más allá de otras decisiones como tapar las rendijas por donde se cuela la corrupción o aprobar una ley que a juicio de muchos, entre los cuales me cuento, no es necesario, lo que hay es que ajustar las cifras para financiar suficientemente el Sistema.
La decisión del Gobierno de incrementar en 5,3% la UPC no consulta el más mínimo rigor técnico: no oye las voces de los expertos y los pacientes, no consulta la realidad estadística, hace oídos sordos al dato científico y se engaña así mismo cuando no reconoce que más del 60% del Sistema, medido en número de afiliados, está bajo la administración de EPS intervenidas por el mismo Estado.
Ese incremento, la mitad de lo que subió el salario mínimo, es insuficiente. Por lo menos el 60% de los costos de operación del Sistema se derivan de obligaciones laborales. O se degrada la situación laboral de los trabajadores, o se atienden otras urgencias de la operación. Como ha dicho el exministro Fernando Ruiz, “…lo que va a ocurrir es que se va a tener un mayor desabastecimiento de medicamentos, menor acceso a las tecnologías, problemas de pago a las IPS, y seguramente lo que se va a manifestar son listas de espera para acceder a los servicios”.
Jonathan García Ruiz, colaborador asociado del Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard y profesor la Universidad de los Andes, dijo a la revista Cambio, que “otro efecto negativo de esa decisión es que se genera una contracción del Sistema. Esto en la medida en que los prestadores, que son las clínicas y hospitales, podrían dejar de confiar en las EPS, y reducir los riesgos al máximo. Si antes hacía 20 cirugías, ahora voy a hacer 10. Si antes daba tantas citas, voy a ir reduciéndolas de a poco (…), si no me puedo arriesgar, me toca dejar de contratar personas, dejar de prestar servicios, etc...”.
Si no es técnica, la decisión es política; pareciera mediada, además, por sentimientos de venganza contra muchos, el Congreso, los operadores, las aseguradoras, nada distinto dejan traducir los mensajes de personajes como Gustavo Bolívar y el mismo presidente Petro.
Sin el menor asomo de compasión, un sentimiento ajeno a la barbarie, el Gobierno pretende imponer su visión ideológica del manejo del Estado; con el agravante de que las consecuencias ya se están contando en número de enfermos torturados por el dolor y la falta de atención, y por los muertos que no le ganaron la batalla a un Estado probadamente indolente y a quienes lo gobiernan. ¿Si esta no es la barbarización de la política, entonces qué es? Aquí lo grave es que esa barbarización pasó de las palabras a los hechos.