Ya lo advirtieron Steven Levitsy y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard en su libro Cómo Mueren las Democracias: “Porque la democracia ya no termina con un bang

(un golpe militar o una revolución), si no con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales.”

No solo en el vecindario tenemos hechos que confirman el postulado: Venezuela, Nicaragua, El Salvador; otros países, entre ellos algunos que considerábamos curados de  espanto como EE.UU., Turquía, Polonia, han venido asistiendo a episodios de la misma naturaleza.

Aquí en Colombia al presidente Petro le ha dado por desconocer una decisión de la Procuraduría General de la Nación. En estricto sentido no fue una decisión de la Procuradora: la tomó la Sala de Instrucción de la PGN que está conformada por tres profesionales con rango de magistrados, experiencia en el cargo y autonomía decisional.

Tal determinación es de cumplimiento inmediato; así lo dice el Código Disciplinario. Fue tomada el 14 de enero pasado y hoy, 2 de febrero, cuando escribo esta columna, el Ministro permanece en su cargo. Contrario a lo que piensa la generalidad de la gente, la responsabilidad de cumplir con el fallo recae es en el funcionario nominador de Leyva que en este caso es el presidente de la República y no en el sancionado que no puede dejar el puesto hasta que sea nombrado y posesionado su reemplazo.

Petro está violentando la ley y desconociendo la Constitución. Su actitud atenta contra un principio esencial del Estado Democrático de Derecho, que es la separación de poderes.

El caso ha sido discernido ampliamente por los más serios analistas de medios de comunicación, juristas y académicos. Todos coinciden en que el proceso disciplinario ha sido adelantado con rigor a la luz de unos hechos irregulares que son protuberantes y que lesionan gravemente los principios de transparencia, economía y responsabilidad incorporados en las leyes de contratación en Colombia.

Definidos y avalados por el Ministro y su Secretario General, los pliegos de la licitación, el 12 de septiembre del año pasado, deciden suspender la audiencia de adjudicación supuestamente atendiendo reclamos de otras empresas interesadas en el contrato, pues según ellas no se estaban dando las garantías de libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, venía elaborando esos documentos. Se habló

entonces de una licitación con un solo proponente como causal de la suspensión cuando en Colombia ese no constituye por sí mismo un impedimento legal para adelantar un proceso de contratación pública.

Mientras tanto en el escenario ya de por sí complicado, aparecen el hijo del Ministro y un amigo de este, haciendo reuniones extrañamente relacionadas con el asunto en París. Y antes, Martha Lucía Zamora, destacada jurista y directora de la Agencia para la Defensa del Estado, había tenido que dejar su cargo por diferencias con Leyva, y al compás de los gritos con que este le reclamaba no estar defendiendo al Presidente.

Después de nueve meses de indagaciones, la Sala formula pliego de cargos a Leyva y a su secretario general, José Salazar, en razón de que “se desconoció que los procesos de selección de contratista son estrictamente reglados y contemplan términos perentorios; que la suspensión de la licitación no estaba debidamente fundamentada; y en la declaración de desierta de la licitación pública se desconoció la evaluación y calificación de una oferta que tenía el máximo puntaje”. Se profiere entonces una decisión de suspensión para evitar que Leyva repitiera la conducta, la que efectivamente repitió porque ya abrieron de nuevo, con otros pliegos, la misma licitación.

Como si fuera poco, el Gobierno, se acaba de meter en otro lío de igual naturaleza al reversar la entrega del contrato de concesión para operar el muelle 13 del puerto de Buenaventura, con el agravante de que, en este caso, ya había sido adjudicado 8 días antes.

La actitud desafiante del presidente Petro al no cumplir la orden emanada de la Procuraduría y responder con la ligereza de que “me quieren tumbar los ministros”, puede significar el leve quejido que nos alerte sobre el riesgo de estar iniciando el camino hacia el autoritarismo.