Estos tres hechos, más la carta de Álvaro Leyva enrostrándole a Petro sus malos comportamientos, han acaparado la atención de los colombianos durante los últimos días.
El jueves de esta semana Petro presentó al Senado la propuesta de llamamiento a una consulta popular y le entregó el texto de las doce preguntas que quiere someter a consideración de los ciudadanos en materia de reforma laboral.
La inteligencia política del Gobierno ha quedado retratada en esta propuesta, pues cualquiera que fuera el resultado del proceso ganaría: si el Senado le dice sí o no a la consulta o si simplemente no se pronuncia dentro de los próximos 30 días, el presidente o habría arrancado la campaña electoral del 2026 o habría puesto en evidencia la falta de voluntad del Congreso para avanzar en la materialización de lo que él y una parte importante del país consideran necesarias reformas sociales.
Si el Senado le da vía libre a la consulta, y esta se aprueba después de pasar por el cedazo de la Corte Constitucional, Petro habrá obtenido la más resonante victoria de su Gobierno. Si no alcanza en el escrutinio los números suficientes, también ganaría porque reclamaría para sí el esfuerzo de haberlo intentado.
El riesgo es que el sistema de equilibrio de poderes, sustancial al Estado Democrático de Derecho quedaría maltrecho.
Eso sin contar con las consideraciones relativas a un cuestionario ambiguo, malicioso, equívoco y populista.
Ir a la consulta al único al que le sirve es al ejecutivo. Ni siquiera a los trabajadores porque, de un lado, podrían perder la consulta, y de otro, quedar frustrados por un resultado positivo imposible de materializar en la práctica.
¿Y entonces qué hacer? Primero dejar claro que el proceso parlamentario no se ha cerrado todavía: el plenario del Senado aún puede revisar la decisión de su Comisión VII de negar la reforma y enviarla para que siga su trámite en otra Comisión.
Esta decisión tendría la virtuosidad de recuperar el diálogo con todos para asegurar consensos y hacer posible la aprobación de una reforma laboral a la medida de los intereses nacionales. Y de paso nos ahorraríamos casi un billón de pesos, que es lo que se calcula valdría hacer la consulta.
Hay que volver a la sensatez, lejos de la estridencia, los gritos y las vociferaciones. Eso fue lo que pasó el martes pasado cuando el Senado archivó por claras mayorías el proyecto de reforma constitucional sobre transfuguismo.
Una propuesta coyuntural e inconveniente que en nada contribuiría a sanear un sistema político electoral que clama a gritos ser reformado.
La detención antier de los expresidentes de Cámara y Senado por supuesta corrupción, desnuda sin atenuantes las fallas de nuestro sistema político.
Las relaciones de transacción entre el legislativo y el ejecutivo se han pervertido hasta extremos intolerables. La gobernabilidad se complejiza cuando los partidos se diluyen y son los congresistas los que individualmente reivindican sus intereses por encima de los partidos.
La consulta popular en ciernes, la intentona de darle vía libre al transfuguismo y el carcelazo de los exdignatarios del Congreso son síntomas y también expresiones de un sistema político tremendamente imperfecto que exige ser reformado.
Los múltiples intentos de hacerlo (en este Gobierno van dos), han fracasado sistemáticamente y si así va a seguir ocurriendo en el futuro, será inevitable entregarle esa misión a un órgano reformador distinto, por ejemplo, a una constituyente.