En el marco de una historia agitada, pocas semanas lo han sido tanto en Colombia, como esta. Digamos que todo comenzó con el atentado criminal contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La marcha del domingo convocada en silencio para reclamar, otra vez, la paz y la unidad, dio lugar a una semana cargada de expectativas y alertas.
Una semana con nubarrones densos se veía venir: un Senado virtualmente arrinconado por el Gobierno y apenas sí reaccionando en cámara lenta a sus insultos y desafíos, una opinión pública estupefacta sintiéndose de regreso al pasado en el que las elecciones presidenciales se ahogaban en sangre; un presidente huyendo hacia adelante, perdido en los meandros del desprestigio y la inacción administrativa, y unas decisiones de las Cortes que todavía no llegaban para aclararle el futuro a muchos ciudadanos afectados por los cambios en ciernes del régimen pensional.
El presidente Petro insistía en una consulta 2.0 para cristalizar sus reformas laborales y de la salud.
Subió la apuesta en una deriva autoritaria y convocó con el famoso decretazo a una nueva consulta. Solo que para hacerlo tuvo que desconocer la decisión del Senado que días antes le había negado la autorización para ponerla en marcha.
Sin ningún pudor, el anunciado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le sopló al oído al presidente la tesis según la cual era viable convocar la consulta, soslayando la decisión del Senado de negársela.
Ocurrió entonces lo que tenía que ocurrir: el registrador nacional, Hernán Penagos, con sensatez, se negó a activar los dispositivos para poner en curso el proceso de la eventual consulta y decidió esperar la opinión, esa sí autorizada, del Consejo de Estado, opinión que llegó rápido, el miércoles, cuando ese Tribunal determinó suspender provisionalmente el decreto espurio.
Mientras tanto avanzaba en el Senado la discusión de la reforma laboral. Esta Cámara en una decisión sabia y responsable había decidido reasumir esta tarea luego que 8 senadores de la Comisión VII habían determinado archivar la iniciativa. Hoy la reforma está a punto de ser ley, solo le falta la sanción del presidente de la República.
No es exagerado decir que esta semana estuvo en vilo la democracia en Colombia: el presidente Petro mostró su lado más autoritario al pretender convocar a una consulta popular sin tener en cuenta que el Senado ya le había negado esa posibilidad. Su intención, presionar la aprobación de “su reforma laboral”.
Está claro: si desaparece o se desbalancea el equilibrio de poderes, si un órgano del poder público coopta así sea en parte la autonomía de los otros poderes, se debilita o desaparece el Estado democrático de Derecho. Esta semana esos riesgos existieron, los mismos que por ahora se han superado.
Pero está bien lo que termina bien: la crisis política fue trascendida, por ahora, gracias a que las instituciones funcionaron; el Senado negando en dos ocasiones las consultas por inconvenientes, problemáticas, inoportunas y costosas; la Registraduría actuando con aplomo, rigor jurídico y sensatez (de manera nada sediciosa); el Consejo de Estado suspendiendo el grosero decretazo; y la Corte Constitucional tomando una determinación pragmática y razonable al devolverle a la Cámara el proyecto de pensiones, para que lo estudie y lo debata como tiene que ser.