Recuerdo con mucha tristeza que, en mi época como estudiante universitaria, incluso en el espacio más universal del conocimiento, el 8 de marzo era apenas una fecha más del comercio. Nos daban una rosa o una tarjeta felicitándonos por ser mujeres, y tal vez había algún evento cultural. Y aunque la situación ha empezado a cambiar, aún persiste esa visión cerrada y apolítica del 8M, que reduce la historia de luchas y conquistas políticas de las mujeres a una celebración superficial.
El 8 de marzo es, en realidad, una jornada política y de memoria. Desde finales del siglo XIX, mujeres trabajadoras en distintas partes del mundo reclamaban derechos laborales, igualdad de acceso a la educación y participación en la vida pública. Con el tiempo, estas movilizaciones dieron lugar al 8M, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas como un día para visibilizar la lucha histórica de las mujeres por ser reconocidas como sujetas de derechos.
En ciudades como Manizales y en el departamento de Caldas, la historia también tiene rostro propio. Lideresas comunitarias, trabajadoras, docentes, defensoras de derechos humanos, gestoras culturales, poetas y otras han sostenido procesos que muchas veces pasan desapercibidos, fortaleciendo la vida social y cultural de sus territorios.
Un ámbito en el que la deuda es más evidente es la política formal. Aunque Colombia ha avanzado en normas de inclusión, la representación femenina sigue siendo insuficiente. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), las mujeres ocupan solo el 31,9% de las curules del Congreso y el 31% en las asambleas departamentales tras los comicios más recientes. Además, la Procuraduría General de la Nación reportó más de 2.300 casos de violencia política contra mujeres lideresas y candidatas entre el 2022 y el 2024, incluyendo amenazas, hostigamiento y violencia digital.
Estas cifras muestran que el problema no es la falta de capacidad, sino las barreras estructurales que impiden una participación política real. Por eso, la participación política de las mujeres no se resuelve en cuotas políticas dentro de los partidos y cargos institucionales, sino como derechos y oportunidades colectivas que fortalecen la democracia.
Existen avances que vale la pena reconocer. Según el DANE, en el 2024 las mujeres ocuparon el 48,3% de los cargos públicos de alta dirección en entidades del Estado, el porcentaje más alto en la historia reciente. Esto demuestra que cuando hay voluntad institucional y políticas claras, la participación femenina puede crecer significativamente.
Pero la transformación no depende únicamente de cargos o políticas. También empieza en la cotidianidad: en la familia, cuando las tareas de cuidado se distribuyen de manera justa; en la escuela, cuando niñas y jóvenes son motivadas a asumir ambiciones sin estereotipos de género; en el trabajo, cuando se reconocen capacidades y liderazgo; y en los espacios digitales, donde el lenguaje y las interacciones moldean nuestra cultura política.
Por eso, más allá de rosas y tarjetas, el 8 de marzo debe ser entendido como una verdadera fiesta política y social. Solo así, la memoria histórica se convierte en un acto vivo de democracia y justicia social.