La farsa que nos quiere vender el Gobierno nacional relacionada con un supuesto apoyo masivo del país, y que quedó evidenciada en la manifestación de Barranquilla, revela nuevamente la indelicadeza de Gustavo Petro, para quien no existen escrúpulos, y la decencia es solo un término que utiliza para reclamar de sus congéneres, pero que no aplica para él.

Reparto de mercado y dinero; traslado de familias enteras desde municipios vecinos; dádivas descaradas; y un sinnúmero de aberraciones cometidas para aglutinar personas que no sabían qué apoyaban, ni qué defendían, fue la característica de ese inicio de movilización popular “espontánea” que promulgó la Presidencia como la apertura de una nueva forma de gobernar con el pueblo.

Y habla entonces de una Coordinadora Nacional de Movimiento que seguramente es la cúpula del desastre que se nos avecina, y que ha venido conformando desde hace ya tiempo.

¿Podremos presumir la composición de esa cúpula? ¡Claro! La primera línea terrorista; organizaciones sindicales; grupos guerrilleros; narcotraficantes y contrabandistas; gestores de paz; criminales excarcelados; vagos y desechables; estudiantes de 25 o 30 semestres de universidades públicas; grafiteros, bodegueros y parásitos de internet; y, en general, la bazofia social que vive como rémora de un Gobierno acechado por líos judiciales de todo tipo, pero aparentemente inmune a los órganos de control y de justicia.

La primera orden pública presidencial es tenebrosa: “No se atacan los bienes de la clase media… Pero el pueblo es quien decide los momentos, los días, los tiempos, porque la oligarquía de Colombia no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo”.

¡Dios mío!

Traduzcamos: Como las instituciones que representan la tridivisión constitucional del poder no se doblegaron a los caprichos tóxicos del presidente, y han manifestado luchar por su independencia, el jefe de Estado decide sublevarse contra su país, y dejar expósita a lo que él llama la oligarquía (y de la cual hace parte), para que sus tropas la despedacen.

¿Entonces cuál es la clase media que debe quedar indemne? ¿Y quiénes deberán defenderse por sus propios medios porque el jefe de Estado renuncia a protegerlos? ¿Qué elementos de protección deberá usar esa oligarquía a la que Petro le declaró oficialmente la guerra? ¿Quién marcará la línea entre la oligarquía y la clase media, y con qué parámetros?

Decide además que “la fuerza Pública no levanta las armas contra el pueblo”, declarando en libertad de acción a aquellos que hace cuatro años quemaron vivos a los policías, decapitaron personas, destruyeron bienes públicos y privados, bloquearon carreteras, asaltaron ciudadanos, paralizaron la economía y vandalizaron a Colombia.

La simple combinación de órdenes impartidas por la Presidencia nos lleva a pronosticar una Colombia incendiada ante los ojos complacientes y risueños de Petro, Benedetti, Bolívar, el Eln, las Farc, el M-19, el Clan del Golfo y todo el aparato criminal que montaron para eternizarse en el poder.

¡Qué horror fungir de agorero, pero no encuentro una lectura distinta de lo que nos está sucediendo!