Muchas iniciativas, provenientes de entes oficiales, pretenden reconocer derechos al pueblo soberano, lo que humanitaria e ideológicamente suena muy bien, pero en la práctica sólo causa caos, por la ineptitud del Gobierno para resolver problemas. Además de dilatar soluciones y ocultar tramas de intereses perversos.
Con frecuencia se postergan obras necesarias para el buen funcionamiento de la Nación en beneficio de las comunidades, mientras se atienden consultas previas o licencias ambientales, que no son otra cosa, las primeras, que oír opiniones; o aplicar “estudios”, las segundas, manipulados por intereses políticos, carentes de respaldo técnico, para que se decida si se extrae gas de donde se sabe que hay y se necesita; se construye una hidroeléctrica recogiendo agua de varias cuencas; o se hace un acueducto para ser compartido por poblaciones vecinas, mejorando el servicio y reduciendo costos.
Idéntica cosa sucede con decidir por consulta popular si se hace o no un área metropolitana, cuando es evidente su conveniencia. Pero dirigentes o autoridades municipales politiqueros manipulan a la comunidad para que vote en contra.
El populismo defiende la protesta social como un derecho, cuando lo cierto es que proviene de la inconformidad de sectores ciudadanos engañados por medidas oficiales diferentes a lo prometido o afectados por decisiones arbitrarias que toman funcionarios ineptos; o mañosos, tras beneficios para ellos, de espaldas al interés común.
La protesta social suele degenerar en vandalismo, que proviene de desadaptados manipulados (o pagados) por individuos con aspiraciones políticas, que a la postre consiguen que los vándalos sean reconocidos por el Gobierno como activistas del derecho a la protesta y nombrados en altos cargos, como sucedió hace poco en Colombia.
El desespero de gremios de la producción por el incumplimiento de las autoridades en la protección y estímulo a sus actividades, como la agricultura, la minería y otros; la recuperación de sectores afectados por fenómenos naturales; o la ineficiencia para combatir la inseguridad y la extorsión paralizantes, permite que las comunidades sean manipuladas por intereses oscuros y provoquen paros, taponamientos de vías, ataques a transportadores ajenos al problema y destrucción de vehículos, causando pérdidas de tiempo y dinero, dificultades de desplazamiento y zozobra social.
Las autoridades eluden responsabilidades convocando mesas de diálogo entre representantes de los inconformes afectados y burócratas desplazados desde la capital, que sólo dilatan soluciones a problemas que hubieran podido evitarse si el Estado obra con diligencia, ejecuta soluciones y evita que los recursos destinados a mitigar calamidades sean manipulados por corruptos o por grupos criminales interesados en sembrar zozobra en territorios que convienen a sus objetivos.
Así las cosas, el Estado y sus instrumentos ¿para qué? Por lo visto, para que el Gobierno y su séquito burocrático preparen las próximas elecciones.