La administración pública, en cuanto se refiere a identificar, programar, financiar y ejecutar las obras que requieren las comunidades para su desarrollo armónico y eficiente, acusa infinidad de casos más dañinos que útiles, por la forma caótica de adelantar los procesos; especialmente cuando interfieren intereses ajenos al buen suceso de las obras, como aspiraciones particulares (propietarios de predios o regiones interesadas); acuerdos dolosos entre ordenadores del gasto y contratistas; e incompetencia de quienes los ejecutan, por incapacidad técnica, logística o financiera. Para nada han servido leyes, decretos y otros instrumentos legales expedidos para controlar la deficiente inversión de los dineros públicos; ni la existencia de órganos de control, porque la astucia de los corruptos es de una creatividad superior a todo; además de que tiene poder político, derivado del poder económico, y acrecienta el uno gracias al otro, para que se cumpla la sentencia maquiavélica: “El que tiene el oro hace las leyes”.
De nada sirve enumerar casos de ejecución presupuestal exitosa o fallida en tales o cuales localidades, porque sería llover sobre mojado. Esa es historia que debía ser aleccionadora, si las burocracias emergentes se ocuparan de conocerla. Pero sus objetivos miran a intereses personales, antes que al bien común. Para ser prácticos, es mejor mirar el futuro y hacer lo posible porque los ciudadanos escojan bien a gobernantes y legisladores, lo que, visto desde el otero de la utopía, para cualquier parte que se mire en el mundo actual, es un sueño. Elefantes blancos, puentes caídos, aeropuertos ilusorios, sobrecostos aberrantes, recuperaciones urbanas fallidas y otros casos que pululan son una constante en las “democracias” tropicales.
La Unión Europea, administrando recursos comunes, les ha permitido a los países asociados un desarrollo formidable en asuntos tan sensibles como la infraestructura vial y el turismo, más cultural, paisajístico e histórico que parrandero. Lo mismo hubiera pasado en Suramérica si no se hubiera frustrado la creación de una comunidad semejante a la europea, por la primacía de intereses mezquinos de gobiernos de sainete. Otra cosa es la forma como obran con eficiencia en la ejecución de macroproyectos de interés público los países desarrollados y algunas dictaduras como China y Singapur, por ejemplo. Los primeros, los desarrollados, obran con madurez y tienen una veeduría ciudadana que comienza en las urnas; y los otros, ricos y autocráticos, poseen grandes recursos económicos y desconocen la corrupción, porque ésta se castiga sin eufemismos humanitarios. Quien mete las manos mañosamente en las arcas oficiales, no vive para contarlo.  
El buen uso de los recursos públicos comienza por priorizar las inversiones. Primero, la protección infantil desde el vientre materno; después, la educación de calidad, con cobertura total, además de adecuadas instalaciones físicas y dotaciones; siguen la salud, sin mediación de intereses ajenos a sus objetivos; las vías terciarias, la suficiencia alimentaria, la seguridad ciudadana... De ahí derivan el desarrollo estable, el turismo, las megaobras viales, el urbanismo, el ecosistema saludable y el bienestar general. “Los sueños, sueños son…”, dijo Quevedo.