Hace algunos días la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en el país a partir de la labor de monitoreo que realiza a lo largo y ancho del territorio nacional. Las cifras son preocupantes y no han generado el debate público que debería suscitar.
El informe evidencia que el Eln entre 2019 y 2024 creció un 56%, pasando de hacer presencia en 149 municipios a 232 este año. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tuvieron por su parte un incremento del 84%, pasando de 213 municipios a 392. Las disidencias de las Farc-Ep tuvieron por su parte un incremento del 141%, pasando de hacer presencia en 124 municipios en 2019 a 299 en 2024.
A pesar de los 6 decretos que adoptaron el cese al fuego entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Estado Mayor Central (Emc), la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la verdad es que ese cese no se ha visto, e incluso, como lo recalca la misma Defensoría del Pueblo, los combates se han intensificado en algunos territorios del país. Una violencia que se ve acompañada por narcotráfico; extorsión; reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; amenazas y extorsiones; restricciones a la movilidad y afectaciones de la población civil por artefactos explosivos, especialmente en escenarios rurales.
En las ciudades estos grupos armados han incrementado su presencia a través de bandas delincuenciales locales o grupos de crimen organizado que desarrollan economías ilegales, desbordando la inseguridad en detrimento de todos los estamentos sociales. En ciudades tan importantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Sincelejo y Cúcuta se han viabilizado corredores criminales de movilidad de drogas ilícitas, armas, entre otras conductas vinculadas al fortalecimiento financiero de los grandes grupos armados. Las economías ilícitas están en su apogeo en beneficio de los grupos delincuenciales; al narcotráfico se suma la minería ilegal de oro, plata y otros metales preciosos, la extorsión, el contrabando, la trata de personas y el tráfico de madera, entre otras.
Como ven el panorama en esta materia es muy preocupante y con tendencia a agravarse porque no hay una voluntad política clara del Gobierno nacional para enfrentar estos fenómenos que se están tomando el país. Los alcaldes y gobernadores requieren apoyo y no pueden quedar expuestos a estas realidades criminales que solo mediante la unidad se puede enfrentar con éxito.
No podemos dejar que el país se nos salga de las manos y las poblaciones queden bajo el mando de la criminalidad. El país ya vivió eso y no lo quiere volver a vivir. El Gobierno nacional debe entender que la Constitución Nacional le ordena proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. No es una recomendación la que hace la Constitución, sino un mandato de obligatorio cumplimiento. Los colombianos no se merecen volver a vivir esta pesadilla.