Los peajes son un verdadero dolor de cabeza. No porque la ciudadanía no comprenda que para tener buenas vías, obras y equipamiento se deba pagar, sino porque, en muchos casos, se perciben como un cobro excesivo y profundamente injusto.

Sin repetir toda la historia que ya hemos abordado en esta columna, vale la pena resumir una situación clave: De los siete peajes que administra Autopistas del Café en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, cinco se ubican en la zona Centro-sur, epicentro de nuestra Área Metropolitana. Es sin duda, un exceso, se mire por donde se mire, afectando la competitividad y el desarrollo estructural del territorio.

Por eso, la discusión sobre la nueva concesión que regirá por los próximos 30 años, entre 2027 y 2057 debe convertirse en un asunto de carácter metropolitano. Debe abrirse un debate amplio, participativo y transparente, en el que la ciudadanía, los gremios, las organizaciones sociales y los representantes políticos y administrativos puedan construir consensos y posturas comunes. Solo así será posible negociar una propuesta justa y equitativa, que garantice tanto el mantenimiento de la infraestructura actual como la ejecución de nuevas obras necesarias para la región.

Hoy, los peajes están en el centro del debate público. A lo largo de este año su relevancia no ha disminuido; al contrario, sigue siendo tema constante en las conversaciones con diferentes comunidades. Lo que sí ha faltado, y es una exigencia legítima no solo de Caldas, sino también de Risaralda y de Quindío, es claridad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de Invías y del Ministerio del Transporte, pareciendo que al Gobierno nacional le interesara que el caos político que vive el país hoy, también se trasladará al sector transporte tan poco boyante en Colombia.

En estos momentos, es urgente que la ciudadanía sepa cómo avanza el proceso de esta nueva concesión y en qué consiste exactamente la reorganización de la propuesta presentada por Odinsa, luego de los foros, audiencias públicas e intervenciones ante el Congreso de la República, dónde muchos de nosotros hemos participando activamente y solicitado cambios de fondo, pero aún estamos a la espera de respuestas concretas.

El futuro de nuestra conectividad y desarrollo regional está en juego. Por eso, los peajes no pueden seguir siendo un tema impuesto desde los escritorios en Bogotá, sino una decisión construida desde el territorio y con sentido de equidad. Ojalá para la próxima reunión de la que se está hablando en redes sociales, finalizando el mes de julio, sea definitiva y clara para todos y que el retiro de los tres peajes que estamos solicitando desde el año pasado, sea un hecho.